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Condenados cuatro abogados del ‘frente de cárceles’ de ETA

Arantxa Zulueta

Zulueta trasladaba a los presos etarras las órdenes de la banda terrorista (Foto: RTVE)

Controlaban a los presos de la banda terrorista en la cárcel

Dignidad y Justicia celebra la sentencia porque ‘era necesaria para cerrar definitivamente el círculo de la trama civil de ETA’

La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro de los abogados de ETA que forman el llamado ‘frente de cárceles’ o ‘Halbolka’, una estructura con la que la banda terrorista controla a los presos de su organización que cumplen condena.

Entre los condenados están Arantxa Zulueta, condenada  a 7 años y 6 meses de prisión, y otros 3 abogados a los que la AN les impone penas de entre  3 y 4 años de cárcel.

El tribunal ha condenado por un delito de integración en organización terrorista (4 años de prisión) y otro de depósito de armas y explosivos (3 años y 6 meses) y a Jon María Enparantza (4 años), Naia Zurriarain (3 años y 6 meses) e Iker Sarriegi (3 años y un día) como autores de un delito de integración en organización terrorista. El tribunal ha apreciado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

A lo largo de 549 páginas la sentencia, que puede leer aquí, detalla la función de los acusados en la estructura ‘Halboka’, que vino a sustituir al llamado ‘frente de cárceles’ o ‘frente de Makos’ y que según la Sala es una estructura plenamente integrada en la banda terrorista ETA.

El tribunal detalla que dentro de ‘Halboka’ se halla el frente jurídico del que formaban parte los abogados que, al margen de la defensa jurídica de los etarras, ‘mantienen la vinculación de los mismos con la dirección de la organización terrorista y les transmiten las directrices de ésta’.

La sentencia explica que los cuatro abogados condenados operaban en favor de ETA desde dos despachos jurídicos, ubicados en Bilbao y Hernani (Guipúzcoa) . ‘Cada uno desde sus respectivas competencias profesionales y respetando las adscripciones asignadas por ETA, pusieron sus servicios a disposición de la banda terrorista, desde cuyos emplazamientos enviaban y recibían encargos, así como trataban personalmente con otros miembros activos y dirigentes de la misma, a fin de procurar el mejor conocimiento de sus afiliados privados de libertad o que hubiesen estado en prisión para ganarse su confianza y tenerles férreamente vinculados a la organización terrorista exteriorizando así la cohesión interna y la unidad de criterios’.

En otros casos, añade la Sala, ‘identifican y señalan posibles acciones y objetivos contra los que atentar y coadyuvan a la recaudación del llamado impuesto revolucionario básico para el mantenimiento de la variada estructura creada con los años’.

La sentencia explica que los hechos declarados probados aparecen acreditados tras las pruebas practicadas en el juicio con las declaraciones de los acusados, las testificales de los funcionarios de la Guardia Civil, los dictámenes periciales y especialmente la documental acumulada extraída de los dispositivos informáticos incautados en las entradas y registros efectuados en el momento de su detención.

Por ello el tribunal concluye que la actuación de los 4 abogados encaja en el delito de integración, ‘al revelarse que los cuatro militaban en la organización terrorista y participaban en sus fines, no cometiendo directamente acciones violentas sino contribuyendo a la cohesión y persistencia de los militantes privados de libertad para que siguieran vinculados a la organización que les dio cobertura para cometer los atentados que perpetraron o intentaron cometer en su momento’.

El tribunal rechaza el argumento de las defensas de que la actividad de los acusados nunca trasvasó el ámbito jurídico derivado de sus actividades. Para la Sala, las pruebas han sido obtenidas a través de multitud de inferencias lógicas y de los efectos y documentos encontrados en los registros, que básicamente reflejan, según la sentencia, ‘una actividad afín con los objetivos de ETA para cohesionar los mensajes y controlar los movimientos de sus militantes y ex militantes sometidos a investigación, a enjuiciamiento y a cumplimiento de sentencias condenatorias’.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia celebra esta sentencia, que era necesaria ‘para cerrar definitivamente el círculo de la trama civil de ETA, esas organizaciones satélites que han ayudado a sus fines tanto en el terreno político (Batasuna, Euskal Herritarrok), como en el de los presos (Gestoras Pro Amnistía), en el juvenil (Segi) o de medios de comunicación como Gara y otros.

Los portavoces de estas víctimas están doblemente satisfechos por la condena a los autores con corbata y toga detrás de los asesinos etarras porque tanto dirigentes del Colegio de Abogados de Bilbao como parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo les han presionado con el fin de lograr un acuerdo y retirar la acusación.

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se alegra por esta sentencia, la última de toda una  serie de macrojuicios contra el entorno de ETA, que confirma la tesis que desde el año 1998 vienen defendiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la propia AVT (única personada en todas esas causas judiciales como acusación popular) de que todo ese entramado político, económico y social es ETA. En este aspecto, la asociación destaca el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional en el desmantelamiento de todas las estructuras del entorno etarra.

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