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Condenada la ex alcaldesa de La Muela a más de 16 años de prisión

María Victoria Pinilla

La ex alcaldesa de la Muela, María Victoria Pinilla, en una imagen de RTVE

La Audiencia de Zaragoza condena a María Victoria Pinilla a pagar 8,5 millones de euros de multa por corrupción

El tribunal condena también a Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio de Miguel y a David de Miguel

Absuelve a Francisco Aramburu y Alberto Lozano

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado en el denominado «caso La Muela» a la ex alcaldesa de La Muela por el Partido Aragonés, María Victoria Pinilla, a más de 16 años de prisión, a multas que suman un total de 8.454.540 euros, a 56 años de años inhabilitación para empleo o cargo público y a la imposibilidad, durante 13 años, de obtener subvenciones o ayudas públicas y al derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El tribunal condena a Pinilla por 11 delitos, 10 de ellos como autora -continuado de cohecho, continuado de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, prevaricación, fraude a la Administración, delito continuado de fraude a la Administración, tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, y continuado de malversación de caudales públicos- y uno, contra la Hacienda Pública, como cooperadora necesaria.

Los magistrados han condenado también a penas de prisión a siete de los nueve acusados que se sentaron en el banquillo y han acordado la absolución de dos de ellos: Francisco Aramburu y Alberto Lozano, por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales respectivamente de los que estaban acusados.

A Lozano, director de la Oficina de Cajalón en La Muela entre los años 1991 y 2009, le absuelven del delito de blanqueo porque «la oficina bancaria que dirigía no fue utilizada por María Victoria Pinilla y su familia para blanquear los más de tres millones de euros recibidos en cohechos».

Junto a la ex alcaldesa han sido condenados Antonio Fando (representante legal y socio de Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua «NTA») a la pena de 6 años y 7 meses de prisión, como autor de un delito continuado de cohecho, otro de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones.

Fando ha sido igualmente condenado a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público y a la pérdida, durante 4 años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, además de multas por valor de 458.000 euros.

A Julián de Miguel, (Administrador único de Aranade y de Tudela Inmobiliaria y Gestion y gestor de la Sociedad Urbanística de La Muela) como autor de un delito continuado de fraude a la administración, se le condena a dos años y un día de prisión, a dos años y un día de inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier persona jurídica o física y a siete años, seis meses y un día, de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

En este caso los magistrados no aminoran la condena en un grado argumentando que Julián De Miguel era el encargado de gestionar el suelo público y participó, -según expresan- «al cien por cien en la corrupción urbanística, por lo que la gravedad de su actividad no merece el beneficio aludido»

A Juan Ignacio Unsain, (administrador del grupo Construcciones SAGAIN) se le condena, como autor de un delito continuado de fraude a la Administración, a las penas de dos años y un día de prisión, dos años y un día de inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier persona jurídica o física; y a siete años seis meses y un día de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Tampoco en este caso consideran los magistrados el beneficio de aminorar la pena al ser “el favorecido por la trama defraudadora”.

A Julio De Miguel y a David de Miguel, (hijos de Julián De Miguel y socios de Tudela Inmobiliaria y Gestión SL) el tribunal les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del daño al haber consignado (en el anterior juicio oral) 100.000 euros cada uno para el pago de posibles responsabilidades civiles. Por tanto, el tribunal establece para cada uno de ellos una condena, como autores de un delito contra la Hacienda Pública, de seis meses de prisión, multa de 175.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas o públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Y Fernando Barba, (ex concejal de Aguas del Ayuntamiento de la Muela) como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa (por anular el contrato con Gestión de Aguas de Aragón y su adjudicación a NTA) y otro de falsedad documental por imprudencia (por las memorias y facturas presentadas para la obtención de una subvención) a la pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y ocho meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (1.440 euros). El tribunal absuelve a este acusado de los delitos de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos que se le imputaban.

Pinilla deberá indemnizar al Ayuntamiento de La Muela, situado a 23 kilómetros de Zaragoza, por los siguientes conceptos: Por gastos en comidas, por la factura de la óptica Mola y por gastos de teléfono 2.753, euros, por los gastos del viaje a la República Dominicana en 16.431 euros, y por los del viaje a Santo Domingo, en 3.939 euros, además de las indemnizaciones que se deriven de las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por la adjudicación de la construcción de la pasarela sobre la autovia A-2.

Asimismo, deberá indemnizar también al Ayuntamiento de La Muela (indemnización conjunta y solidaria junto a Julián De Miguel e Ignacio Unsain) con 1.300.000 euros por la venta de dos parcelas en La Muela (un olivar de secano en la partida denominada «La Señora» y una parcela en el Polígono Centrovía), y con 398.880 euros, cantidad correspondiente a la entregada por la corporación municipal de La Muela al Instituto Aragonés del Agua en devolución de la subvención indebidamente percibida en 2008.

Además, deberá indemnizar al Ayuntamiento por los intereses de demora y recargos devengados de esta cantidad desde la fecha en que la Corporación Municipal devolvió el dinero al Instituto Aragonés del Agua y hasta la fecha en que sea reintegrada por los condenados al Ayuntamiento (la cuantía se fijará en ejecución de sentencia).

La causa consta de más de 89.433 folios: 84.404 de la fase de instrucción, más de 1.000 documentos de prueba y 4.029 folios en el rollo de sala de la Audiencia Provincial. Este caso se destapó en 2009 y Pinilla fue condenada en 2016 pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio.

Estas «dilaciones indebidas» fueron alegadas por las defensas de los acusados para lograr una atenuante pero los magistrados corroboran que se trata de una causa de gran complejidad «que no ha podido ser tramitada con mayor agilidad dada también la dificultad de investigar todos los hechos enjuiciados» y aunque reconocen que a lo largo de su tramitación se han producido periodos de más o menos dilaciones, en ningún caso éstas «han supuesto una paralización indebida, sino que son consecuencia de la complejidad de la causa y el gran esfuerzo que supone su tramitación por el Juzgado de Instrucción y para la Audiencia, así como la misma Fiscalía».

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