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Comisión de Venecia: «Cualquier referéndum debe ser pactado»

Gianni Buquicchio

Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia

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La Comisión de Venecia ha remitido una carta -fechada el 2 de junio- al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que le indica que cualquier referéndum tendría que realizarse «de conformidad con las autoridades españolas» y siempre en el marco de la Constitución y la legislación vigente.

La misiva de este órgano asesor del Consejo de Europa responde a la que Puigdemont le remitió el pasado 29 de mayo, en la que le informaba de la voluntad del Ejecutivo catalán de celebrar un referéndum. En esa carta, Puigdemont trasladó «la voluntad del Govern de Cataluña de celebrar un referéndum acordado con el Gobierno español sobre el futuro político de Cataluña», añadiendo que el presidente Mariano Rajoy «ha contestado negativamente a la oferta de diálogo».

Ahora, en solo dos párrafos, la Comisión de Venecia subraya que la UE «ha enfatizado consistentemente la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y con la legislación aplicable».

En este sentido, el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, advierte a Puigdemont de que debe ser consciente de que tanto la voluntad de celebrar un referéndum como de cooperar con el organismo que dirige debe hacerse de acuerdo con las autoridades españolas. Agradece al presidente de la Generalitat haberle informado de la resolución adoptada por el Parlamento catalán y «toma nota» de la intención de la Cámara catalana de cooperar con la institución para la consecución de una consulta acordada.

En Barcelona, el presidente catalán interpreta la declaración de la Comisión de Venecia en el sentido de que insta al Gobierno central a negociar la celebración del referéndum. Aunque esto da igual si se tiene en cuenta que ya en septiembre de 2015 la Comisión Europea advirtió de que si Cataluña se independiza deja de ser parte de la Unión. Una postura que las autoridades europeas llevan manteniendo desde el año 2004.

Sea como sea, la Oposición en el Parlament no entiende este prisma desde el que Puigdemont ve las indicaciones del órgano europeo. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, calificó de «obvias» las conclusiones de la Comisión de Venecia de que hay que respetar la Constitución y el líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ve en la carta una «patada en el trasero a Puigdemont y Junqueras en sus ansias de internacionalizar un proceso independentista que lo único que hace es desprestigiar a las instituciones catalanas».

En este «nuevo» contexto gana atención el ofrecimiento que la semana pasada volvió a hacer el Gobierno de España a Carles Puigdemont. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó al presidente del Govern a presentar en el Congreso de los Diputados su «plan independentista».

Ayer, Puigdemont se mostró dispuesto a debatir en el Parlamento con el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, pero solo después de haber fijado en la agenda el referéndum que pretende celebrar. El presidente catalán afirma, en una entrevista que publica el diario ARA, que no tendría «ningún problema» en ir al Congreso, aunque solo si es para «explicar por qué hemos llegado hasta aquí y lo que haremos los catalanes». En ningún caso, añade, acudirá a la Cámara Baja a pedir permiso para convocar el referéndum, puesto que, según dice, no piensa participar en «una maniobra de escarnio para que el Parlamento español cierre las puertas al deseo de los catalanes de decidir» su futuro político.

Algunas informaciones han apuntado que Puigdemont fijará la pregunta y la fecha del referéndum en un Consell Ejecutivo extraordinario el próximo 7 de junio, un día después de la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum. Parece ser que la «consulta» se celebraría entre el 1 y el 8 de octubre.

Mientras, en el seno del Govern siguen con preocupación la imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el «caso del 3%» ex consejero de Justicia y actual diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó, quien ha dejado la presidencia de la comisión de Justicia del Parlamento catalán pero se niega a abandonar su acta de diputado.

El TSJC se ha declarado competente para investigar a Gordó y ha abierto diligencias contra él por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos por el caso 3%. La decisión llega después de la petición al TSJC por parte del juez de El Vendrell que investiga este caso. Gordó medió supuestamente para requerir «cuantiosas donaciones» a determinadas empresas que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas, para dos fundaciones vinculadas a Convergencia Democrática de Cataluña: Catdem y Fòrum Barcelona, según el juez.

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