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Comienza en el Supremo el juicio contra los líderes del ‘procés’

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras se enfrenta a la pena más alta

VOX ejerce la acusación popular

Se sientan en el banquillo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs

Este martes, 12 de febrero de 2019, comienza en el Tribunal Supremo el juicio al «procés» en el que están acusados doce líderes independentistas por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del referéndum del 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia (DUI).

En la primera jornada del juicio, el más importante desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, las defensas de los 12 procesados expondrán sus argumentos para intentar anular o aplazar el proceso.

VOX ejerce la acusación popular y acusa de los delitos de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos a los encausados.

Según el abogado de la formación política, Javier Ortega Smith, los hechos que desenvocaron en el «referéndum» ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de octubre de 2017 se prepararon de forma continuada desde 2012. Durante todo ese tiempo, con el intento de referéndum ilegal de 2014 impulsado por Artur Mas de por medio, la comisión de los delitos se agravó.

La rebelión, el delito más grave que se puede cometer contra el orden constitucional, se cometió el 20 de septiembre de 2017, con el intento de toma de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, ante el registro judicial al que estaba siendo sometida; y el 1 de octubre de 2017, con la convocatoria ilegal de un referéndum de independencia y la posterior declaración de independencia.

La acusación popular pide la condena máxima de 25 años por cada uno de los dos delitos de rebelión cometidos por los acusados.

Respecto a la organización criminal, este tipo delictivo prevé que exista una jerarquía, un reparto de funciones y un mismo fin delictivo, en este caso, la pretendida secesión ilegal y ruptura de España.

La existencia de una jerarquía y un reparto de funciones quedaron acreditadas en la llamada «Agenda Jové» y en el documento «Enfocat». Josep María Jové, mano derecha y según la Guardia Civil «cerebro» ejecutor de los planes de Oriol Junqueras, tenía documentada en su agenda la trama perfectamente jerarquizada según el siguiente reparto de funciones:

La trama ejecutiva, formada por el gobierno de la Generalidad de Cataluña y encabezada por Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad y cerebro de la organización criminal; Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad, quien dispuso de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para financiar la rebelión; Raúl Romeva, responsable de exteriores y urdidor de la trama escondida en el servicio Diplocat, que utilizaba las oficinas comerciales de Cataluña en el exterior para propagar la ideología del golpe, y regar con dinero público a medios de comunicación extranjeros para obtener su favor mediante inversiones publicitarias millonarias; y Josep Forn, responsable de Interior, quien puso los Mossos, la fuerza del orden equivalente a la policía en Cataluña, al servicio de la rebelión.

La trama legislativa estaba liderada por la Mesa del Parlamento de Cataluña y fue la encargada de crear la legislación que diera acogida formal al golpe de estado. Presidida por Carme Forcadell, produjo documentos tales como el Libro Blanco de transición a la República, o las leyes de transitoriedad, del referéndum, etc.

Por último, la trama civil, regada con dinero público, estaba integrada por asociaciones como Omnium o la ANC lideradas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la AMI (Asociación de Municipios para la Independencia) o a las fuerzas de choque callejeras, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).

Todo lo anterior fue posible gracias a la malversación de fondos y caudales públicos de los que disponía la organización criminal por ser cargos electos que manejaban presupuesto público a cargo de todos los contribuyentes españoles.

Todos los acusados van a ser juzgados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial española, por los delitos que han cometido y no por sus ideas, como se empeñan en defender los partidarios del «golpe».

Para los acusados de mayor responsabilidad en este caso, la acusación popular pide la condena máxima de 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, un delito de organización criminal y un delito de malversación de caudales públicos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, seguirá la sesión desde la sala de vistas. Junto a Torra acudirán otros miembros del Govern.

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