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Clamor contra el «decreto 3+2» que modifica las enseñanzas universitarias

SE

Los estudiantes están que trinan… (Foto: SE)

Carrera de tres años y máster de dos

Los primeros en denunciarlo fueron los miembros del Sindicato de Estudiantes (SE) y ahora se han sumado los del PSOE e Izquierda Unida.

El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, quiere implementar en la Universidad el ya «famoso decreto 3+2», carreras de 3 años y másteres de dos.

Wert pretende que el nuevo sistema entre en vigor el próximo mes de septiembre. La idea es reducir a tres años los estudios para obtener los títulos de grado, que ahora son cuatro años ó 240 créditos lectivos, a 180 créditos o tres cursos. Y después, complementar la formación con dos años de másteres de pago (actualmente un año) para finalizar los estudios universitarios.

Según los representantes del Sindicato, esta reforma provocará una devaluación de los títulos de grado, que se convertirán en papel mojado en el mercado laboral. Y, también, la expulsión de cientos de miles de estudiantes que no podrán costear el precio de los máster.

El SE cree que, después de unos recortes presupuestarios y un incremento de las tasas de matrículas que han expulsado de las universidades públicas a 45.000 estudiantes en los dos últimos años, según datos oficiales, los nuevos ajustes se presentarán como una barrera económica insalvable para los hijos de los trabajadores.

«El coste de los masters de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, en el curso 2015-2016, tendremos que afrontar el pago de dos años de máster para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios que podrán ascender tranquilamente a más de 20.000 euros. Y la otra cara de esta reforma viene también en forma de despidos masivos de profesores al reducir los años de grado», argumentan los estudiantes, que piden otra vez la dimisión del ministro de Educación.

Los estudiantes creen que las universidades privadas ya se están frotando las manos con esta nueva propuesta porque, dicen, «a día de hoy el 38% de los postgrados se imparten en universidades privadas».

«Para el PP sobran universitarios. Quieren expulsarnos al mercado laboral lo antes posible, sin cualificación, para someternos a la explotación más salvaje en las empresas, arrojarnos a las listas del paro crónico o empujarnos al exilio económico», advierten los estudiantes, que hoy han visto como desde el PSOE e IU se han sumado a las críticas.

Para José Miguel Pérez, responsale de Educación del PSOE, «el auténtico objetivo de esta reforma es reducir el número de docentes actuales, la calidad de la enseñanza superior y favorecer indirectamente a las universidades privadas».

Pérez denuncia, además, que «Wert afronta la reforma de las enseñanzas universitarias sin dialogar con la comunidad universitaria y académica» por lo que pide la paralización inmediata del proyecto. «Es una barbaridad acometer una reforma sobre el contenido y duración de las titulaciones universitarias sin una evaluación rigurosa del proceso de implantación del Plan Bolonia», alega.

También en Izquierda Unida han puesto el grito en el cielo ante los cambios planeados por Wert. Desde el Área Federal de Educación advierten de que esta reforma «regresiva sale adelante por el empecinamiento de Wert».

«El acceso a la formación superior con el decreto 3+2 supondrá la expulsión de estudiantes con menores rentas por los costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado precio de los másteres, es decir, la elitización de la Universidad», critican en IU. Enrique Díez, coordinador del área de IU, recuerda que el sistema de 3+2 cuenta con el absoluto rechazo de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE).

Para Díez, las medidas que se busca implantar «nos retrotraen a la anterior estructura de Diplomatura-Licenciatura (3+2, con titulación intermedia de diplomatura) y decreta el fracaso del 4+1 (o 4+2), sin ningún tipo de evaluación diagnóstica sobre los resultados y rendimiento del sistema 4+1, que es lo que también denuncia el Consejo de Estado».

El responsable del Área de Educación de IU advierte de que «los grados pasan a tener un carácter básico y generalista, es decir, que no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo, la ingeniería, entre otras».

Aquí Díez recupera el asunto del precio alegado por el Sindicato de Estudiantes. «Para lograr esa cualificación especializada será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos, lo cual hará que se duplique su precio. Si hoy los másteres de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros, con el nuevo decreto se tendrá que afrontar el pago de dos años, lo que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros«.

El dirigente de Izquierda Unida añade otro elemento a la ecuación. «El sistema 3+2 supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5 años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grado, trasvasando a las familias el coste global de los másteres y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad».

Por eso llama la atención de que una vuelta al 3+2 -lo que nos homologaría con la mayoría de los países europeos-, debería suponer también «el regreso inmediato de las tasas de los másteres al valor de las tasas de las antiguas licenciaturas, mientras conseguimos avanzar hacia la gratuidad de la Universidad, priorizándola en los grados».

Díez explica que desde 2010 los distintos Gobiernos han recortado en los campus universitarios 1.523 millones de euros, con especial incidencia en profesorado y personal (un 31,8%), en infraestructuras, equipamientos e investigación (un 56%). Así, dice, el gasto medio por alumno ha bajado un 16,48% (25,2% aplicada la inflación).

Para terminar sus quejas, Díez lamenta que «todo esto, además, se produce mientras en los países de nuestro entorno europeo se adoptan políticas muy distintas: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, así como ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad».

Ante las críticas, el Ministerio de Educación defiende su gran cambio universitario porque «nos equiparará a los países vecinos». Es lo que asegura la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, quien, en una entrevista en Cope, replicó que «el problema en España es que obligamos a los estudiantes a estudiar un año más, cuando en Europa se hacen las mismas titulaciones en tres años».

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