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Ciudadanos se queda solo en el Congreso contra el «cupo» vasco

Albert Rivera

Albert Rivera, presidente de Cs, durante su intervención en el Congreso

Sólo Compromís apoya la enmienda «naranja» contra la propuesta presentada por el Gobierno

294 votos a favor y 36 en contra.

Es el resultado con el que ha finalizado la votación en el Congreso de los Diputados con la que se ha aprobado la renovación del Concierto Económico con el País Vasco.

Partido Popular, PSOE, Podemos, y los nacionalistas catalanes (ERC y PDECat) y vascos (PNV) han apoyado la renovación del «cupo» vasco. También Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias votaron a favor. Solo Ciudadanos (Cs) y Compromís han votado en contra (36 votos).

El Congreso también ha fijado el nuevo «cupo vasco» para el quinquenio 2017-2021 con 292 votos a favor, 36 en contra (Cs y Compromís) y dos abstenciones, las de EH Bildu.

A diferencia de lo que sucede en el resto de España, las haciendas forales -vascas y navarra- son las que recaudan la práctica totalidad de los tributos (excluyendo las cotizaciones sociales) y transfieren después al Estado una parte de sus ingresos para ayudar a financiar aquellas competencias -Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras, entre ellas- que no han sido asumidas por estas Comunidades o por sus corporaciones locales.

Esta transferencia se conoce como «cupo» en el caso vasco y el Consejo de Ministros del pasado 3 de noviembre lo fijó para el año 2017 en 1.300 millones de euros.

Desde el Partido Nacionalista Vasco han defendido, al igual que ha hecho antes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el «pleno encaje» histórico, jurídico y económico de estas dos leyes de «especial trascendencia». Según los nacionalistas «Euskadi paga al Estado una cantidad superior a su peso demográfico y económico, concretamente un 6,24%, cuando la Comunidad Autónoma Vasca representa un 4,6% de la población y el 6,1% del PIB».

Ciudadanos, por el contrario, ha votado en contra alegando que genera desigualdad entre lo españoles. Ha sido el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, quien ha criticado en sede parlamentaria este «privilegio» de los ciudadanos vascos sobre el resto de españoles. Y no por el hecho en sí, sino por el método de calcularlo, que ha tildado de «amaño político» y «cuponazo». Rivera no entiende por qué la segunda comunidad en renta per cápita «es receptora neta» del resto de comunidades. Y tampoco por qué no hay ambiente para Presupuestos pero sí para el cupo.

Por el lado vasco ha sido la diputada del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Idoia Sagastizabal quien ha contestado a quienes como en el caso de Rivera consideran el Cupo y el Concierto un «privilegio». En este sentido, la diputada ha denunciado que «quienes lo critican o rechazan lo hacen por intereses populistas e intentando enfrentar a unos y otros». También ha calificado de «incomprensible» la abstención de Bildu a la Ley del Cupo.

Sagastizabal ha explicado que el pago del Cupo es «obligatorio independientemente de la situación financiera» de las Haciendas vascas y ha recordado que «si no se recauda lo suficiente se tendría que ajustar el gasto ya que no se puede acudir a mecanismos como el FLA u otros instrumentos como hacen las Comunidades Autónomas de régimen común».

Por ello, considera «malintencionado afirmar que existe nada parecido a un paraíso fiscal» puesto que «la presión fiscal en Euskadi es más alta que en el resto del territorio, con tipos marginales de renta mayores, un tipo de Sociedades mayor e incluso con tributos que gravan la riqueza», en referencia al Impuesto de Patrimonio que existe en el País Vasco.

Además, Euskadi contribuye a los gastos comunes no asumidos por el Estado con el 6,24% así como al Fondo de Solidaridad Interterritorial en ese mismo porcentaje, cuando la economía de Euskadi es el 6,1% y representa el 4,66% de la población; «Euskadi es solidaria», ha sentenciado Sagastizabal.

Por otro lado, la diputada nacionalista vasca ha explicado que a las comunidades de régimen común «no les afecta en absoluto el hecho de que el País Vasco pague más o menos Cupo», ya que la relación es absolutamente bilateral con el Estado. El Estado financia las Comunidades de Régimen Común con independencia de lo que se pague por Cupo, por lo que «no se puede hacer responsables a las Comunidades Forales de la situación de las 15 Autonomías de régimen común. Simplemente son sistemas diferentes. Aunque el País vasco diese el 100% de su recaudación, primero no iría a las CCAA sino al Estado y segundo, esa cantidad no arreglaría el problema de la financiación de régimen común», ha afirmado.

Por último, Sagastizabal ha negado que el acuerdo sea opaco, tal y como señala Ciudadanos. «El acuerdo sí, es complejo, al igual que la liquidación en el régimen común, pero está fijado con una base técnica en la que participan técnicos de la administración Estado y de la Administración vasca», ha asegurado.

También la presidenta del PNV en Bizcaya, Itxaso Atutxa, ha criticado la postura de Ciudadanos, que ha calificado de «insultante». Atutxa se ha mostrado preocupada porque «este discurso no lo hace solo Albert Rivera, también lo hace gente muy de la izquierda española».

La diputada ha reprochado que, «al final, nunca vemos a ninguna otra autonomía que diga que están dispuestos a correr el riesgo» que supone el cupo. «Lo único que dicen es que quieren tener la misma financiación que un vasco para sus servicios públicos esenciales pero no dicen que los Presupuestos Generales les obliguen a pagar un tanto por ciento del gasto del Estado, ya que podría suponer la quiebra de sus presupuestos porque no han tenido ingresos suficientes ese año. De eso nadie habla, de eso solo hablamos los vascos, que decidimos seguir aceptando este riesgo unilateral», ha añadido.

Para terminar, ha recordado que, además, lo han hecho «en los años más duros. En los primeros años de los 2000, la cuenta fue muy negativa para Euskadi o muy positiva para el Estado», ha aseverado.

Por último, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ha simplificado cómo se realizan los cálculos. «Es muy fácil: pagamos el 6,24 % de las competencias que no tenemos, bien porque todavía no están trasferidas o bien porque son propias del Estado. Se va a las cuentas generales del Estado, se mira esas partidas, se le aplica el 6,24% y sale nuestra aportación», ha resumido.

Sin embargo, todo es más complicado. El punto de partida para el cálculo del cupo ha de ser un desglose del gasto del Estado en dos componentes. El primero de ellos, el gasto asumido o cargas asumidas, corresponde al gasto del Estado (dirigido presumiblemente a los territorios de régimen común) que está ligado a las competencias que han sido asumidas en el País Vasco por la comunidad autónoma o por las diputaciones forales. El segundo componente, las cargas no asumidas, engloba el gasto estatal (en todo el territorio nacional) en materias que no han sido transferidas a las instituciones vascas.

Cupo

Datos básicos para el cálculo del cupo (millones de euros corrientes)

De acuerdo con la Ley del Concierto, las haciendas vascas contribuyen a financiar sólo este segundo componente del gasto estatal, que correspondería aproximadamente al gasto que tendría que realizar el Estado si todas las comunidades autónomas tuviesen las mismas competencias que el País Vasco. Así pues, la base del cupo son las cargas no asumidas por las instituciones vascas.

Para calcular el importe del cupo, su base ha de multiplicarse por un índice de imputación que, de acuerdo con la Ley del Concierto, ha de reflejar la capacidad de pago del País Vasco de acuerdo con su renta en relación al total nacional. La cantidad así obtenida se somete seguidamente a una serie de ajustes con el fin de llegar al cupo líquido a pagar. La mayoría de estos ajustes consisten en descontar de la base del cupo los ingresos estatales no concertados, esto es, aquellos que el Estado ingresa directamente en su integridad por provenir de fuentes distintas de los tributos que las haciendas forales recaudan en su territorio en virtud del Concierto.

También se descuenta de la base del cupo el déficit del Estado. Este ajuste, que es el más importante de todos ellos, es necesario para evitar que el País Vasco pueda terminar «pagando dos veces» por el mismo gasto estatal. En ausencia de esta corrección, las diputaciones forales pagarían siempre la parte que les corresponde del gasto no asumido en el momento en el que éste se realiza. Pero si este gasto se financiase en parte con déficit, se produciría también un aumento del stock de deuda estatal con el consiguiente incremento de la carga futura de intereses y amortizaciones. Puesto que los intereses y amortizaciones de la deuda estatal se consideran una carga no asumida, las haciendas vascas tendrían que ayudar a pagar el incremento de los gastos financieros del Estado a pesar de haber desembolsado íntegramente en su momento la parte que les correspondía del gasto estatal, lo que no sería lógico.

Para evitar este «doble cargo» se ha optado porque el País Vasco haga lo mismo que el Estado: esto es, que no pague en cada ejercicio por la parte del gasto estatal no asumido que se financia con déficit pero que, en contrapartida, asuma en el futuro la fracción que le corresponde de los intereses y amortizaciones ligados al incremento resultante de la deuda del Estado.

Otra pieza importante del sistema de concierto es el ajuste a consumo del IVA. Se trata de un ajuste técnico que se realiza para que cada Administración se quede con la parte del IVA que en última instancia soportan sus ciudadanos, y no con la que se ingresa físicamente en su territorio, que puede ser muy distinta.

El ajuste es necesario por dos razones. La primera es que puesto que la recaudación del IVA que grava las importaciones desde países no comunitarios es responsabilidad exclusiva del Estado, éste debe transferir a las haciendas forales la parte de tales ingresos que corresponde al consumo vasco de bienes importados. La segunda es que, incluso en el caso del IVA por operaciones interiores (que grava también las adquisiciones intra-comunitarias), quien recauda en primera instancia el tributo no es necesariamente el que lo soporta.

Mientras que el impuesto lo terminan pagando los consumidores finales, los ingresos los realizan las empresas en proporción al valor añadido en cada una de las etapas del proceso de producción, generalmente en la región en la que está localizada su sede social. Puesto que no hay ninguna garantía de que productores y consumidores estén distribuidos de la misma forma en el territorio, resulta necesario un ajuste que, de acuerdo con la Ley del Concierto, ha de tener en cuenta el peso del País Vasco en el consumo y en la base del impuesto a nivel nacional.

El nuevo «cupo» y el hecho de que aún no se haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómico ha generado división en el PSOE, ya que los gobiernos de Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha consideran que fomenta la desigualdad y critican que se blinde la financiación vasca mientras la del resto de regiones no avanza. Alegan, como ha hecho el presidente de Asturias, Javier Fernández, que «el País Vasco está muy sobrefinanciado».

Para calmar a sus «barones» el líder socialista, Pedro Sánchez, ha prometido que a cambio de apoyar la aprobación del nuevo cupo vasco reclamará la aprobación urgente del nuevo modelo de financiación autonómica, aún pendiente de consenso.

Preguntado este jueves por este asunto, Sánchez ha contestado que el retraso en la reforma de la financiación autonómica ha causado un «profundo malestar con el Gobierno de España» en las comunidades socialistas. El líder socialista ha afirmado que el PSOE no se opone a la aprobación del «cupo», dado que son «mecanismos institucionales y constitucionales», pero ha pedido al Gobierno de España «que no se olvide de las otras dieciséis comunidades autónomas».

Sánchez ha denunciado que el presidente Rajoy está incumpliendo, en este campo, tres compromisos. El primero, el de la propia ley, puesto que el modelo de financiación se tenía que haber renovado hace cuatro años. En segundo lugar, no cumple el acuerdo de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, en virtud del cual «el Gobierno de España asumió un compromiso con todos los presidentes de las comunidades autónomas, socialistas y no socialistas, que están molestos con que no se haya aprobado un nuevo sistema de financiación». Y, en tercer lugar, Rajoy falta también a lo establecido en su acuerdo de investidura «entre las dos derechas», PP y Ciudadanos.

Para el secretario general socialista la renovación del modelo de financiación autonómica tiene que garantizar «igual sanidad, igual educación, igual dependencia, igual atención a los servicios sociales de los ciudadanos, vivan donde vivan, y por tanto solidaridad interterritorial, que debe ser salvaguardada en ese nuevo sistema de financiación»; y «garantizar la suficiencia económica de comunidades autónomas como la valenciana que están altamente endeudadas como consecuencia de esa infrafinanciación». Para finalizar ha defendido que «Cataluña esté siempre en el sistema de financiación general».

Precisamente, lo último que ha dicho sobre este asunto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es que hasta que no se celebren las eleciones  del próximo 21 de diciembre en Cataluña no se podrá encarar el nuevo sistema de financiación. Rajoy considera que sin un interlocutor «válido» en la Generalitat no tiene sentido aprobar un régimen de financiación que afecte a todas las regiones de «régimen común», incluida Cataluña.

Puede leer aquí la opinión de Angel de la Fuente, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y del Instituto de Análisis Económico (CSIC), sobre el proyecto de la nueva ley del cupo

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