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Choque de cifras a cuenta de la piratería digital

La Coalición

Momento de la presentación de las cifras de «piratería»

El Tribunal Supremo impide identificar la IP de un usuario porque es un dato personal y eso imposibilita saber cuál es el número de descargas ilegales que se hace un «pirata»

El porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en internet subió hasta el 63% en 2015, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales respecto a 2014 (58%). El dato -matizado por el Gobierno- lo ha hecho público hoy la Coalición de creadores e industrias de contenidos.

Según Carlota Navarrete, directora de la Coalición, en total, durante 2015, se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 24.058 millones de euros. El valor total del lucro cesante por la piratería fue de 1.669 millones de euros, y los accesos ilegales se repartieron del siguiente modo según contenido: música (20%), películas (37%), videojuegos (14%), libros (15%), series (30%), y fútbol (11%).

La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras aún más preocupantes para los creadores y las industrias culturales y de contenidos. En un sector que emplea actualmente a 58.557 trabajadores directos, un escenario sin piratería permitiría crear 21.672 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 37%, y unos cien mil empleos indirectos.

Además, las arcas públicas dejaron de recibir por culpa de la piratería 337 millones de euros en concepto de IVA, así como 162 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y casi 48 millones de euros en IRPF. Es decir, el Estado dejó de ingresar en 2015 un total de 547 millones de euros a causa de los accesos ilegales a contenidos.

A pesar de estas cifras, el estudio refleja el aumento de las justificaciones “no estoy haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada”, actitud que han adoptado en 2015 un 29% y 26% de usuarios, respectivamente, frente a un 19% en 2014.

Por lo demás, el 62% de los consumidores que acceden a contenidos ilegales lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”. Además, entre los motivos expuestos destacan la “rapidez y facilidad de acceso” (55%); “ya pago mi conexión a internet” (53%); y “no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste” (47%).

Estos motivos son alegados tanto por consumidores de contenidos culturales y de entretenimiento como de retransmisiones de fútbol, lo que evidencia que se trata de un problema generalizado y que faltan mensajes claros por parte de la Administración.

El 71% de los usuarios que contratan internet tiene en cuenta principalmente que la velocidad de la conexión le permita acceder a contenidos con mayor rapidez. Un 56% valora especialmente la oferta concentrada (packs de ADSL o fibra más contenidos) a la hora de elegir a la compañía con la que contratar internet.

Respecto a la forma de acceso se constata un notable crecimiento del uso de buscadores para acceder a los contenidos ilegales, que pasa del 72% al 81%, siendo Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas.

Más de un 74% de las webs desde las que se accedió a contenidos ilegales están financiadas por publicidad (frente al 71% en 2014). De dicha publicidad, casi el 75% corresponde a sitios de apuestas y juego online (70% en 2014), el 53% a sitios de contactos (43% en 2014) y más del 41% a contenido para adultos (33% en 2014).

Llama especialmente la atención que más de un tercio de la publicidad en sitios piratas corresponde a productos de consumo de marcas de prestigio de alimentación, moda, seguros, telefonía, etc., lo que confirma la urgente necesidad de una mayor colaboración entre industria y anunciantes para mejorar el ecosistema de la publicidad online.

En cualquier caso, las fuentes de ingresos de estos sitios son variadas, destacando especialmente que un 36,4% de los consumidores tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, que los piratas recopilan en bases de datos que se usan en campañas de emailing comercial y alcanzan precios muy elevados en el mercado.

Los sitios piratas también consiguen datos con mucho más valor del que se puede suponer a priori y que les permite obtener importantes beneficios económicos, como por ejemplo los hábitos de navegación en la web, otras páginas web que visita el consumidor, sus preferencias, cosas que le gustan, qué compra, etc.

Asimismo, los medios de pago juegan un papel importante en el funcionamiento de los sitios piratas, especialmente en los casos en que estos sitios comercializan cuentas premium, reciben donaciones o sistematizan el envío de mensajes de móvil al usuario registrado para informarle de la existencia de nuevos contenidos en la web. Los usuarios que han pagado alguna vez por el contenido que ha descargado de estas páginas alcanza el nueve por ciento (era el cinco por ciento en 2014).

Mientras siete de cada diez consumidores recuerda campañas de comunicación contra la violencia de género y más de seis de cada diez recuerda campañas de seguridad vial, apenas dos de cada diez recuerda campañas contra la piratería digital, siendo las séptimas en porcentaje de conocimiento (también por detrás de las campañas contra el excesivo consumo de alcohol y de promoción del reciclaje), en lo que supone un significativo descenso del conocimiento de estas campañas (las conocían tres de cada diez usuarios en 2014, y ocupaban la quinta posición entre las más conocidas).

Para los propios internautas, las medidas más eficaces contra la piratería serían bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (65%) y desarrollar campañas de concienciación social (52%). Después de esas dos, según los consumidores, las mejores medidas para reducir las infracciones serían sancionar tanto a las operadoras y proveedores de acceso a internet (58%) como a los usuarios infractores, bien con multas (49%), bien restringiéndoles el uso de internet (40%).

Íñigo Méndez de Vigo

Íñigo Méndez de Vigo, ministro en funciones de Cultura

Hasta aquí las cifras de La Coalición y La Liga, matizadas desde el Gobierno. Contra los datos aportados por el Observatorio de Piratería, el Ministerio de Cultura alega que, al contrario de lo que recoge ese estudio, se observa un descenso del porcentaje de personas que han realizado descargas y una ralentización del aumento en el caso de música (del 18,3% respecto al 17,7% del periodo anteriormente investigado).

Y es que, recuerda el Gabinete dirigido en funciones por Méndez de Vigo, el dato cuantitativo de las descargas no se puede obtener con certeza en España, dado que el Tribunal Supremo ha declarado que la IP de un usuario es un dato personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, lo que imposibilita saber cuál es el número de descargas ilegales ni tampoco distinguir las ilegales de las legales, ya que las operadoras de telecomunicaciones no pueden facilitar esos datos y no son cifras que ofrezcan las webs infractoras.

Así las cosas, el Ejecutivo afirma que el estudio presentado por la Coalición es “interesado” y sus conclusiones no pueden validarse en lo que se refiere a los datos de acceso a las webs vulneradoras, al no venir éstos respaldados por cifras objetivas y contrastables.

Frente a estos datos, otras cifras objetivas, como son el número de visitas que reciben las webs (índice Alexa), indican que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos ilegales. A 17 de marzo de 2016 sólo hay 12 en ese ranking, y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuye a reducir y dispersar ese tráfico. Además, de las 12 web más visitadas en el Top 250 de Alexa, sólo 4 tienen vínculos identificados con España.

Este cambio de tendencia coincide con la entrada en vigor las reformas legales introducidas por el Gobierno para combatir la piratería en Internet y facilitar la oferta legal. Estas son el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, la posterior modificación de la Ley de Propiedad Intelectual por medio de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, y la modificación del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, así como, en cuanto a la mejora de los mecanismos de mediación, arbitraje y determinación de tarifas que faciliten la oferta legal, el Real Decreto 1023/2015, que desarrolla las funciones de la Sección Primera de la CPI, y la Orden ECD/2574/2015, que aprueba la metodología para determinar las tarifas generales en materia de explotación de derechos de propiedad intelectual.

En este periodo, marzo 2012 hasta marzo de 2016, la Sección Segunda de la CPI ha recibido 458 solicitudes que presentan los titulares de derechos de propiedad intelectual, de las que se han resuelto expresamente cerca de un 95%, habiendo afectado a 267 webs vulneradoras, de las cuales 257 han retirado todos los contenidos identificados y que se ofrecían ilícitamente. Se han producido también 34 casos de ceses completos de actividad (por cancelación del dominio por las Autoridades españolas o cierre voluntario de la propia web), y 3 resoluciones de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 6 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI y según lo resuelto por ésta.

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