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El Supremo inculpa a Chaves y Griñán en la trama de los ERE

ERE falsos

Griñán y Chaves, Chaves y Griñán

El magistrado Alberto Jorge Barreiro considera que el sistema de subvenciones creado «ah hoc» fue ilegal

Y que no se podrá valorar con exactitud el perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza hasta pasados unos años

El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso de los ERE falsos en el Tribunal Supremo, ha propuesto continuar el procedimiento contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y contra los ex consejeros del Gobierno andaluz José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por delito de prevaricación administrativa, al que en el caso de Viera añade el de malversación de caudales públicos.

En el caso de Griñán, el magistrado le considera presunto coautor del delito de prevaricación y señala que, desde el punto de vista sustantivo material, debe ser enjuiciado conjuntamente con los anteriores.

El magistrado, a lo largo de los 130 folios, dice que los tres que tienen la condición de aforado -Chaves, Zarrías y Viera- y Griñán establecieron un sistema durante diez años, desde 2000 a 2010, para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.

El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en una trama de financiación con ausencia del control propio de las subvenciones.

Barreiro sostiene que Chaves y Griñán conocían el sistema «ilegal» y «descontrolado» para la concesión de subvenciones. Un sistema que hizo que se aprobaran 22 modificaciones presupuestarias «arbitrarias» entre los años 2000 y 2010, que permitieron «realizar un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas». El magistrado usa una frase del interventor general para resumir lo hecho por los ex presidentes andaluces: «Los imputados cebaron sin descanso la partida de los ERE«.

En este punto, el magistrado tiene en cuenta que la Intervención General de Andalucía advirtió a Griñán no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades».

Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal y cuestiona que los imputados lo desconociesen, tal y como declararon cuando comparecieron en el Tribunal Supremo.

Es más, el magistrado del Supremo asegura que, de ser cierto que nunca fueron avisados de las irregularidades, habría que pensar que en la Junta regía una especie de «conspiración del silencio» dentro de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda para «ocultar los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación».

El instructor cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud hasta pasados unos años.

En el caso de la también ex consejera de la Junta Mar Moreno, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa al estimar que no hay indicios de que ejecutara actos de contenido incriminatorio ni de que actuara a sabiendas de las ilegalidades del sistema.

Conocido el auto de su imputación, Chaves, Zarrías y Viera han comunicado al secretario de Organización del PSOE, César Luena, su decisión de renunciar a sus respectivos escaños en el Congreso.

Acto seguido, el Tribunal Superior de Justicia de Anadalucía ha acordado devolver la causa de los ERE de forma inmediata al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

La Sala ha recordado que la condición de aforados desaparece al perderse la condición parlamentaria, por lo que ya no tiene competencia sobre los mismos. Además, ha desestimado el archivo y sobreseimiento de la causa, tal y como pedían los aforados. Los magistrados asumen los criterios del magistrado instructor de las diligencias previas y señala que para alcanzar el sobreseimiento se requiere alcanzar un grado de convicción suficiente que no se ha dado en este caso.

Y una última nota sobre este asunto. El Consejo General del Poder Judicial ha concedido a Mercedes Alaya, instructora de este caso al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, 6 meses más para apoyar a la nueva titular del juzgado, María de los Ángeles Núñez.

Alaya tendrá como labor ayudar a su sustituta a conseguir «la adecuada y eficaz  tramitación y resolución de las causas de que conoce este órgano judicial dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo». Junto a Alaya trabajará también en comisión de servicio Álvaro Martín Gómez.

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