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Celaá se despide con una ley educativa sin futuro

Isabel Celaá

Celaá es consciente de que su ley no podrá tramitarse… (Foto: JM Cuadrado)

El Consejo de Ministros aprueba una nueva Ley educativa el mismo día que Pedro Sánchez convoca elecciones generales

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Educación que reforma la LOE de 2006.

Un «auténtico despropósito» a juicio de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que considera una gran falta de respeto para con el sector la aprobación del texto el mismo día que se anuncian elecciones generales para el 28 de abril.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha justificado esta anomalía ante el «trabajo realizado» por las partes implicadas y por el «enorme consenso» que ha suscitado esta Ley Orgánica que modifica la LOE de 2006 al derogar la LOMCE de 2013.

Sin embargo, desde FSIE alegan que «a la falta de diálogo y negociación que ha caracterizado este proyecto de Ley se suma ahora la decisión de aprobarla evitando intencionadamente que el Consejo Escolar del Estado realice un informe sobre el mismo». Celaá incluso ha presumido de no haber solicitado dicho informe durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La FSIE –que ya proclamó sus temores cuando en diciembre se presentó el anteproyecto– cree que esto es «de extrema gravedad» al tratarse de una Ley Orgánica. La ministra de Educación no ha logrado el menor consenso con los agentes del sector y aprueba un proyecto de ley «cuando es evidente que no hay tiempo para tramitarlo en el Congreso». «Todo un desprecio y falta de seriedad respecto a la Educación», dice la organización sindical, que discrepa completamente con el contenido del Proyecto de Ley que, «con un alto contenido ideológico, pretende fundamentalmente recortar libertades y perjudicar a la enseñanza concertada».

Se trata de otra ocasión perdida para conseguir «el tan necesario Pacto Educativo que, a la vista de los últimos acontecimientos, a buen seguro tardaremos años en volver siquiera a intentar alcanzar», auguran.

La sorpresa no es menor en Escuelas Católicas, donde hablan de «precipitación» del Ejecutivo al aprobar un Proyecto de ley que no podrá prosperar en el Congreso de los Diputados ya que las Cortes se disolverán el 5 de marzo.

La única respuesta que encuentran a todo esto es que el Gobierno «presentará la derogación de la LOMCE como un logro político y electoral». Porque, añaden, «si el objetivo era corregir los errores de la LOMCE, lo primero que deberían haber buscado es consenso político y social».

Entrando a analizar el texto, desde la Federación advierten que aunque el Proyecto mejora la redacción inicial en aspectos vinculados a la libertad de enseñanza, el tratamiento otorgado a la elección de centro por parte de las familias, la programación de puestos escolares y la composición y funciones asignadas al Consejo Escolar de los centros concertados, contravienen los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006.

La ministra de Educación, completamente ajena a los tiempos, ha desgranado los «avances» del proyecto de ley que tiene como objetivo «una educación para el siglo XXI». En educación infantil, la ley recoge «la universalización del ciclo de cero a tres años».

Educación primaria se organiza en tres ciclos, mientras que en Secundaria se eliminan los itinerarios de cuarto curso, de forma que cualquier opción conducirá al mismo título de graduado. «El título de ESO podrá también obtenerse desde la formación profesional básica», ha explicado Celaá.

En Bachillerato podrá pasarse de primer a segundo curso con hasta tres asignaturas suspendidas. Asimismo, se incluye la posibilidad de obtener el título final por compensación, en caso de superar todas las materias excepto una. Contempla evaluaciones de diagnóstico -«reválidas»- para 4º de Primaria y 2º de la ESO pero sus resultados no podrán ser usado para clasificar a los centros educativos.

Por otra parte, deja en manos de las Comunidades Autónomas garantizar el derecho de los alumnos a recibir clases en castellano. Y da prioridad a los centros que se organicen bajo el principio de coeducación, es decir, que aquellos que separen a los alumnos por sexo estarán a la cola en subvenciones y ayudas. Así piensa el Gobierno acabar con la enseñanza concertada.

La  Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) recuerda que fueron los socialistas quienes  en marzo de 2018 se levantaron de la mesa donde se negociaba el Pacto por la Educación. Después, en diciembre, ya en el Gobierno, llevaron su anteproyecto al Consejo de Ministros en primera lectura, tras un trámite apresurado de audiencia e información pública en el que no se respetaron los plazos.

Las organizaciones de la escuela concertada (Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO) detallaron a la ministra de Educación las razones por la que rechazan los cambios que ahora contempla el proyecto de ley: restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, relegando a la escuela concertada a un papel subsidiario; no incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados; conculca el derecho a la dirección de centro; omite las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar; y suprime las referencias a la asignatura de Religión al tiempo que adopta algunas medidas académicas de dudosa eficacia.

Por todo esto y aunque es cierto que en el pleno del Consejo Escolar celebrado en enero se aprobaron 120 enmiendas presentadas por distintos organismos la ministra de Educación y portavoz del Gobierno no puede hablar de «amplio consenso» cuando los representantes de la educación concertada critican abiertamente el texto.

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