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Celaá: «La ley educativa garantiza el dominio del castellano»

Isabel Celaá

Isabel Celaá, ministra de Educación y FP (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

Y de las lenguas cooficiales en sus territorios

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, defendió ayer en el Senado que el anteproyecto de la nueva ley educativa –que está en período de consultas– garantizará el dominio oral y escrito del castellano y promoverá el aprendizaje de las lenguas cooficiales en sus territorios respectivos.

«A todos los niños y niñas se les va a garantizar el aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales», declaró Celaá.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, Celaá recordó que la Constitución española, en el artículo 3, establece que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana y el derecho de utilizarla, que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos y que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

La ministra y también portavoz gubernamental indicó que los estudios nacionales e internacionales señalan que la población española está avanzando en las competencias lingüísticas, tanto en lengua castellana como en las cooficiales. «Y así vamos a seguir», ha concluido.

Fue la portavoz adjunta del Partido Popular, Salomé Pradas, quién reclamó a Celaá que garantice la libertad de la lengua en la educación. La senadora popular preguntó a la ministra cómo va a garantizar con su reforma educativa que los padres puedan elegir libremente la lengua para la educación de sus hijos.

Pradas puso el ejemplo de Irma, una ciudadana cántabra que ahora vive en Ibiza y que reivindica que sus hijos estudien, al menos una asignatura troncal, en castellano. La senadora popular aseguró que estos niños cursan ahora menos horas en castellano que cuando vivían en Inglaterra y que a pesar de sus numerosas reclamaciones ante la dirección del centro, la Inspección educativa y la Consellería de Educación, no ha obtenido ninguna solución.

Según Pradas, el de Irma y sus hijos «no es un caso aislado» ya que casos como este se dan con frecuencia desde hace años en Cataluña, la Comunitat Valenciana y Baleares con los gobiernos socialistas y nacionalistas».

«Por si no fuera poco –recalcó- el Gobierno tiene intención de ceder todas las competencias en materia lingüística educativa a las CCAA», lo que supone «entregar a las Autonomías la proporción del uso de la lengua castellana y la cooficial como lengua vehicular».

«Ya no van a obligar en las autonomías con dos lenguas oficiales a que el castellano tenga si quiera una proporción razonable en las clases, ya que tienen previsto eliminar tal referencia en la ley», explicó la senadora por Castellón, que aclaró que todo esto se produce por lo mucho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe a los separatistas catalanes y a los nacionalistas valencianos, entre otros.

Para concluir, la senadora castellonense requirió a la ministra que «actúe en defensa de la libertad de los padres a elegir la lengua que quieren para la educación de sus hijos y no los dejen indefensos ante inmersiones lingüísticas y sectarismos, como parece quieren hacer con su reforma educativa».

EC

Las 10 razones para rechazar el cambio en la legislación educativa

Y mientras los políticos se enredan entre acusaciones y justificaciones Escuelas Católicas, junto con organizaciones y sindicatos de la enseñanza concertada (CECE, COFAPA, CONCAPA, FEUSO y FSIE), han hecho público un decálogo, en el que expresan conjuntamente su rechazo a los cambios en la legislación educativa planteados por Celaá.

Escuelas Católicas (EC) integra actualmente a 2.008 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. En ellos 100.858 trabajadores, de los que 82.134 son docentes, educan a 1.202.146 alumnos.

En conjunto, EC supone el 15% del total del sistema educativo y el 60% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.

Además, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) exige al Gobierno que amplíe la prórroga de la jubilación parcial y el contrato de relevo a todos los trabajadores.

Esto viene a cuento de que el Gobierno aprobó el pasado viernes prorrogar unas mejores condiciones de acceso a la jubilación parcial y el contrato de relevo hasta el año 2023 pero solo a los trabajadores del sector de la industria. La organización sindical considera inadmisible la discriminación y el perjuicio que el Gobierno ocasiona a millones de trabajadores con esto. Y no es el único sector que se queja del Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio.

Desde la FSIE denuncian que en la enseñanza pública se aprobó un ambicioso plan de reposición, con el objeto de renovar las plantillas de los centros públicos, que está suponiendo la contratación de miles de funcionarios y facilitando la jubilación del personal docente; medida que supone una discriminación, una vez más, a los profesionales de la educación concertada, privada y de atención a las personas con discapacidad.

De hecho, en este sector en el que FSIE es el sindicato mayoritario, el Gobierno impide la renovación de las plantillas, al contrario que en la enseñanza pública, obligando en la práctica a docentes y personal de administración y servicios a permanecer en sus puestos de trabajo hasta su jubilación total, impidiendo el rejuvenecimiento de las plantillas y la creación de empleo en el sector.

Ahora y ante la entrada en vigor de la nueva legislación en enero de 2019, que endurece significativamente las condiciones de acceso al contrato relevo, el Gobierno decide aplicar estas mejoras solo al sector de la industria discriminando, perjudicando y excluyendo de esta mejora social a millones de trabajadores a los que de facto se les cierra la posibilidad para acceder la jubilación parcial.

FSIE considera inaceptable que un gobierno establezca estas diferencias entre trabajadores introduciendo una brecha en un tema de tanto calado social y perjudicando con sus decisiones a millones de ciudadanos.

Por todo ello, la organización sindical exige al Gobierno y al Ministerio de Educación y Formación Profesional que tome las medidas necesarias para prorrogar la jubilación parcial y el contrato de relevo a todos los trabajadores de todos los sectores y, en el caso de la Educación, que actúe con equidad en el trato dispensado a los funcionarios y al resto de profesionales del sector concertado, privado y de atención a personas con discapacidad.

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