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CCAA y Ayuntamientos podrán frenar la expansión de VTC

José Luis Ábalos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Foto: JM. Cuadrado)

El Gobierno aprueba un decreto para “regular” el sector

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos regular las licencias de los vehículos con conductor, las VTC con las que operan empresas como Uber y Cabify en las ciudades.

Para evitar perjuicio económico a los titulares de licencias VTC ya concedidas por gobiernos municipales y regionales que superan el límite 1/30 aprobado por el Tribunal Supremo, el Ejecutivo ha concedido una moratoria de cuatro años para que esas empresas puedan seguir operando. Pero al finalizar esos 4 años perderán su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden Comunidades y municipios.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, admitió ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la solución no deja del todo satisfechos ni a los taxistas ni a los conductores de vehículos alquilados con conductor. “Es evidente que todos se van a quejar” señaló Ábalos, que añadió que cuanto más generalizada sea la queja más “evidenciará que se ha actuado con la mayor objetividad y racionalidad” en un conflicto que necesitaba una nueva orientación. Ábalos añadió que esos cuatro años “adquieren naturaleza indemnizatoria”.

El titular de Fomento recordó que el taxi desarrolla su actividad en el ámbito urbano y el interurbano; en el primer caso, está regulado por la legislación autonómica y municipal; en el segundo, por la del Estado. Los VTC también pueden operar dentro y fuera de las ciudades, pero están regulados solo por la normativa estatal. “En definitiva, son dos servicios de transporte que desempeñan una actividad en un mismo ámbito y, sin embargo, tienen una fuente de regulación distinta”, dijo.

Ábalos argumentó que los servicios de VTC han cambiado sustancialmente en los últimos años. Antes, según el ministro, se usaban para casos muy concretos de bodas, entierros, servicios VIP, etc., pero hoy en día se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana  que prestan servicio, en muchos casos, en competencia con el taxi.

El hecho de que un medio de transporte urbano esté regulado estatalmente “es una contradicción enorme que afecta a los niveles competenciales”, justificó Ábalos, que añadió que esa situación deja a los VTC al margen de la planificación urbana de la movilidad sostenible, que corresponde a municipios y comunidades.

Así las cosas, para las VTC habrá tantas regulaciones como Ayuntamientos y Autonomías pues, tras cuatro años, cada uno de ellos o cada área metropolitana podrá establecer cuántos vehículos con VTC circulan por su calles, como ya hacen con los taxis, los coches compartidos, las bicis y los patinetes de alquiler.

El RDL habilita a las CCAA a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio. Podrán “regular” sobre la solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo. En caso de ser aprobadas por la administración autonómica, se aplicarán tanto durante el periodo transitorio como tras el mismo.

En el ámbito urbano y durante el periodo transitorio los titulares de VTC de ámbito nacional deberán cumplir las condiciones que establezcan, dentro de sus competencias, las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

Las VTC conservarán la posibilidad de hacer recorridos interurbanos, tanto entre dos comunidades autónomas como entre dos municipios de una misma región si así se regula en la normativa autonómica.

En consecuencia, tras los cuatro años de “moratoria” para realizar servicios VTC en ámbito urbano se deberá solicitar la correspondiente autorización a las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. Esto no implica que las VTC de ámbito nacional pierdan su validez, pero sí que sólo la mantienen para el transporte interurbano.

Durante el periodo transitorio las licencias de VTC no podrán ser suprimidas, pero podrá regularse cómo hacen la recogida de clientes, los horarios y turnos de los conductores, lo que en la práctica supone poder establecer limitaciones en algunas ciudades.

Según la patronal Unauto-VTC, el Gobierno ha cedido al “chantaje” del taxi y crea “inseguridad jurídica” para los miles de trabajadores que dependen de las licencias de VTC. Por su parte, las principales asociaciones del taxi, como Fedetaxi o Antaxi, no se han pronunciado pero ya advirtieron de que una moratoria no resolvería el problema.

UNAUTO

Los conductores de VTC no entienden cuál es el problema (UNAUTO)

Sobre la posibilidad de que la norma sea recurrida en los tribunales, el ministro indicó que el Real Decreto-ley está blindado jurídicamente por la Abogacía General del Estado y “absolutamente apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional”.

Además, abundó, una autorización “no constituye derecho de propiedad alguno” y el Gobierno no retira ninguna: “En todo caso, los portadores de estas autorizaciones verán modificadas, y no siempre, sus condiciones de explotación”.

El PP, a través de su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, criticó que el decreto ley que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de autorizaciones de arrendamiento con conductor alargue el problema cuatro años y lo traslade a las comunidades autónomas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación por vía de urgencia de un anteproyecto de Ley para modificación del régimen sancionador establecido en la LOTT, con objeto de garantizar el cumplimiento de las nuevas condiciones de prestación de los servicios VTC y vinculado con el “Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor” que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento y que podrá empezar a funcionar a final de año.

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