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Canarias exige compensaciones para las cumplidoras del déficit

Cristóbal Montoro

Montoro comparecerá en el Congreso para explicar las cifras

Junto a País Vasco y Galicia encabeza el trío de regiones que han cumplido los objetivos de gasto fijados por el Gobierno para 2015

El déficit público de las AAPP en 2015 se reduce hasta el 5,16% del PIB pero supera el objetivo marcado por Bruselas (4,2%)

El déficit del conjunto de las Administraciones públicas se redujo hasta los 55.755 millones de euros al cierre de 2015, excluyendo las ayudas financieras, lo que supone una reducción del 7,6% respecto al año anterior.

En términos de Producto Interior Bruto (PIB), la cifra equivale al 5,16% del PIB, lo que supone una desviación del 0,96 respecto del objetivo marcado para 2015 (4,2%).

Según los datos facilitados hoy por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el desfase se debe, fundamentalmente, al incumplimiento de los objetivos de algunas Autonomías, como Cataluña, Valencia y Extremadura, que no han sabido o no han querido corregir el excesivo gasto público.

Montoro, ha explicado que, además de este «default», en la desviación del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha influido también el gasto derivado del tratamiento de la Hepatitis C, el incremento de la inversión pública motivado por la reclasificación de determinados contratos de colaboración público privada (como en Cataluña y Zaragoza), y la devolución de la paga extra de 2012, además de a la Seguridad Social, que también cerró el año con un déficit del 1,26% del PIB frente al 0,6% previsto inicialmente.

El aún responsable de la Hacienda Pública ha asegurado que, si se descuentan estas operaciones, el déficit del conjunto de las AAPP se reduciría hasta el 4,8%, en línea con la previsión de la Comisión Europea. Montoro tampoco ha dejado de señalar el “cumplimiento” por parte del Gobierno Central y los ayuntamientos.

La Administración del Estado terminó con un déficit del 2,7% (frente al límite del 2,9%) y las corporaciones locales lograron un superávit del 0,44% del PIB. Y ha sido gracias a esto que el desvío del déficit no ha sido mayor de los 10.000 millones de euros.

Pero aparte de las explicaciones dadas por el representante del Gobierno central, importan ahora las medidas a tomar para «corregir» el gasto público y acompasarlo a las exigencias que llegan desde Bruselas, donde la austeridad sigue siendo una máxima.

En este sentido, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que este jueves se ha reunido bajo la presidencia del jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha analizado las medidas a adoptar en relación con las CCAA que no han hecho los deberes.

Se trata de dar cumplimiento a las Recomendación de la Comisión de 9 de marzo de 2016, que «obliga» a España a adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo.

En este contexto, Montoro ha dejado claro, durante la rueda de prensa convocada para explicar las cifras del déficit de 2015, que al actual Gobierno en funciones no le dará tiempo a aplicar ninguno de esos «instrumentos correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española para controlar las desviaciones de las administraciones autonómicas».

Será el próximo Ejecutivo, el que salga de las negociaciones previstas entre PSOE, Podemos y Ciudadanos o el que surja tras unas nuevas elecciones, el que tenga que «cerrar el grifo» que durante toda la X Legislatura ha tenido abierto Rajoy en forma de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Fondo de Facilidad Financiera (FFF), o Plan de Pago a Proveedores, y que han supuesto miles de millones de euros para las arcas del Estado.

Para poner un ejemplo de lo que había «escondido» sólo haya que recordar que las CCAA lograron liquidaron en marzo las últimas facturas que los presidentes regionales guarban en los cajones de sus despachos desde antes de 2015. Y que en julio de 2015 CCAA y Ayuntamientos habían recibido ni más ni menos que 73.804 millones para pagar a sus proveedores.

La falta de un sistema de financiación autonómico ha provocado no pocas discusiones entre los presidentes regionales durante los últimos cuatro años. Y solucionarlo será un problema arduo si tenemos en cuenta en qué piensan los dirigentes autonómicos cuando se sientan a negociar cómo repartir dinero.

Rosa Dávila

Rosa Dávila, consejera de Hacienda canaria

Hoy mismo, nada más conocerse que Cataluña, Valencia, Extremadura, Aragón y Murcia (todas por encima del 2%) fueron las Autonomías que han llevado al «cierre en falso» de la Contabilidad Nacional, la consejera de Hacienda canaria, Rosa Dávila, ha reclamado medidas compensatorias para aquellas Comunidades que como la suya (0,54%), Galicia (0,57%) o País Vasco (0,69%) cerraron el ejercicio en el déficit exigido.

Dávila ha reclamado, por ejemplo, «que se condonen las devoluciones pendientes del FFF en la misma cuantía que ha dejado de percibir Canarias respecto a la media española, con el actual sistema de financiación». Según la consejera insular, esta medida no afectaría al déficit público nacional «y compensaría, sin embargo, a aquellas Comunidades infrafinanciadas por el Estado y, además, cumplidoras».

A juicio de Dávila, hay que acabar con la situación «injusta» de que el Gobierno de Canarias haya cumplido hasta ahora con los límites de déficit y deuda «gracias al enorme esfuerzo realizado por todos los canarios, quienes han sufrido en última instancia el rigor y control del gasto público”, y que las Autonomías «incumplidoras» sigan obteniendo los mismos beneficios fiscales.

Hay otro dato a tener en cuenta. Cuatro regiones han llegado a triplicar el objetivo de déficit, que estaba en el 0,7%. Cataluña se desvío hasta el 2,7%; Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%), Valencia (2,51%) y Aragón (2,13%). Entre las cumplidoras y las «rebeldes» están las CCAA que han cerrado por encima del 0,7% compro: Andalucía (1,13%), Asturias (1,53%), Baleares (1,52%), Cantabria (1,38%), Castilla-La Mancha (1,67%), Castilla y León (1,33%), Madrid (1,36%), Navarra (1,28%) y La Rioja (1,13%).

Con estos mimbres, sea lo que sea lo que vaya a hacer el próximo Gobierno de España, sea el que sea, lo cierto es que para este año España debe ajustar unos 24.000 millones de euros para alcanzar el límite del 2,8% del PIB “cerrado” por la Comisión Europea.

Mientras, el actual Gobierno en funciones puede tomar algunas medidas para intentar «acompasar» las cuentas públicas.

– En aplicación de la Ley de estabilidad y respecto a las CCAA incumplidoras que recibieron fondos con cargo al FLA 2015 y aprobaron por tanto un plan de ajuste, puede exigir un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su Presupuesto, que permita garantizar que con los nuevos recursos que reciban se garantiza el cumplimiento con la regla de gasto.

– Adoptar un Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos con condiciones adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al FLA 2016, para contribuir a la contención en la evolución del gasto, y que incorporarán la información mensual sobre la ejecución de la regla de gasto, la adhesión a protocolos con la industria del sector sanitario y farmacéutico o el intercambio de información a través FACe, para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.

– Activación  de  medidas  preventivas y correctivas previstas en la ley de Estabilidad relativas al incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, para garantizar que los proveedores de estas Administraciones reciban las cantidades adeudadas en los plazos legales.

– Solicitar a las CCAA incumplidoras, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Estabilidad, y por incumplimiento del objetivo de estabilidad 2015, el correspondiente Plan Económico Financiero que permita en el año en curso y el siguiente corregir la desviación detectada. Además se efectuará una especial vigilancia de la ejecución del Presupuesto 2016.

– Publicar los planes de ajuste de las CCAA, de la información sobre la ejecución de la regla de gasto y su cálculo, y de los requerimientos por incumplimiento de la normativa de suministro de información.

Por cierto, a Montoro le han preguntado si es partidario de anular la regla de gasto, que impide que el déficit aumente más que el crecimiento potencial de la economía. Y no se ha echado las manos a la cabeza de milagro. El ministro ha contado que ya ha enviado una carta a las Autonomías incumplidoras instándolas a aprobar en su parlamento regional un acuerdo de no disponibilidad que garantice que los nuevos recursos que van a recibir este año no vayan a incrementar el gasto, sino que sirvan para financiar los que ya estaban realizado en 2015.

Pero claro, después de que algunos nuevos presidentes prometiesen el oro y el moro durante las últimas campañas electorales –lo que provocó el aumento del gasto público, como acreditó la AIReF– para auparse al poder a ver quién le pone puertas al campo…

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