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Ayuso lleva a Sánchez al TS por el reparto de los fondos europeos

Javier Fernández- Lasquetty

El consejero madrileño de Economía, Javier Fernández- Lasquetty (Foto: CAM)

La Comunidad de Madrid inicia acciones judiciales contra el Gobierno central por repartir fondos europeos sin justificación

Ha concedido 9 millones a cuatro CCAA sin aclarar los motivos y sin explicar por qué se ha quedado fuera del reparto el resto de regiones

Los servicios jurídicos de la CAM aseguran que se han vulnerado las competencias en materia de empleo

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones.

En concreto, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, que puede conocer aquí.

El Ejecutivo autonómico entiende que esto se aprobó sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo. A todo ello se suma que en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales.

Con la normativa recurrida ahora por la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez reguló la concesión de subvenciones a País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura utilizando para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en manos de Javier Fernández-Lasquetty, envió una misiva el pasado 22 de octubre -que no ha obtenido respuesta a día de hoy- a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones por la concesión de 9 millones a estas comunidades de forma aleatoria.

Los servicios jurídicos madrileños entienden que esto vulnera el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que ha utilizado de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-.

En definitiva, el recurso de la Comunidad de Madrid señala que el Real Decreto carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí.

Además, los proyectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación.

Hace unos días los empresarios publicaron un informe demoledor sobre el pésimo reparto de los fondos europeos

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