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Así robó la UGT de Andalucía más de 40 millones de euros 

Francisco Fernández Sevilla

Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT-A en una imagen de RTVE

El juez continúa el procedimiento contra el ex secretario general de UGT-A y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad

El borrado de 1.700 archivos contables de UGT impidió la búsqueda de más facturas ‘falsas’

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha decidido continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

El magistrado les acusa de defraudar más de 40 millones de euros (40.750.047€) en subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía al sindicato entre 2009 y 2013.

Los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general de la UGT de Andalucía Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados, y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

En el caso del ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana el juez ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones dada su “situación de incapacidad sobrevenida”.

Pero ¿cómo «robó» la organización sindical ese dinero? El titular del juzgado de Instrucción 9 sevillano explica que entre 2009 y 2013 los responsables de UGT-A y algunos de sus proveedores desviaron a «fines distintos» los fondos recibidos para impartir cursos de formación a parados.

Y lo hicieron de tres formas distintas. Una de ellas era con la técnica del «rappel» “por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa”; también mediante el denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A “se financiaba con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas” que “no correspondían a servicio prestado alguno” pero que “eran imputadas a programas subvencionados”.

Como tercera “vía de financiación fraudulenta”, el juez señala que el sindicato “cedió en usufructo algunos locales de su propiedad” a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados de la que UGT-A era socio único “mediante contratos elevados a público entre dichas empresas”. ¿Por qué? El juez explica que, “el sindicato impartía los cursos de formación ya subvencionados a través de su entidad vinculada IFES”. «Y como, según la normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas para esos cursos, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento”, pero, “tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable”.

«Un mecanismo fraudulento orientado a obtener fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto”, resume el magistrado.

El magistrado argumenta que, “en el desarrollo de este fraude dentro del sindicato UGT-A, era de especial relevancia la labor” del investigado Federico F., secretario general de Administración, “que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica”, una labor en la que además “contaba con el apoyo directo” del ex vicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

En su auto fechado ayer, el titular del número 9 de Sevilla da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación. 

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