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La tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras entran en vigor

María Jesús Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

La Unión de Contribuyentes habla de «una bofetada a las multinacionales tecnológicas en la cara de todos los consumidores españoles»

El Consejo de Ministros ha aprobado la llamada «tasa Google» y el nuevo impuesto a las transacciones financieras, antes conocido como «tasa Tobin».

Una decisión «extremadamente grave» para la Unión de Contribuyentes (UC) que denuncia que ambos impuestos, dirigidos ambos en principio a grandes empresas y multinacionales, afectarán principalmente a los ciudadanos y, en concreto, a los más vulnerables.

Con el impuesto que grava los servicios digitales el Ejecutivo socialista, que prevé la mayor recaudación de la historia, quiere que las empresas tributen en el lugar en el que se genera el valor. A juicio de los contribuyentes, una pésima idea que frenará el desarrollo y la innovación en el sector más dinámico de la económica, el digital, perjudicando gravemente a miles de pequeñas empresas start-up.

No opina lo mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que advierte que las empresas que pagarán este impuesto son las que logran un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Eso, dice, libra a las pymes y las ‘startups’.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la llamada tasa Google se dirige a las plataformas que trabajan de forma «privilegiada» y que proporcionan una «gran desventaja» a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la «competencia desleal». En concreto, se gravarán los servicios de publicidad dirigida en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario en interfaces digitales.

El tipo impositivo que se aplicará será del 3% y la recaudación estimada por la ministra Montero es de 1.200 millones de euros anuales.

Para Juan Pina, presidente de la UC, la lógica del impuesto es equivocada ya que «da una bofetada a un puñado de multinacionales tecnológicas pero en la cara de todos los consumidores españoles». «La economía colaborativa y los intercambios directos de bienes y servicios entre particulares son una realidad y el nuevo impuesto intenta poner puertas al campo a costa de los usuarios».

Además, la «tasa Google» es también un arancel oculto, porque se dirige fundamentalmente contra los servicios que los ciudadanos españoles consumen en servidores de proveedores ubicados en el exterior. En este sentido, la UC denuncia la doble imposición que supone esta tasa, ya que infinidad de compras llevarán ahora tanto el IVA como este impuesto simplemente por efectuarse online.

También la patronal de la industria digital en España, AMETIC, lamenta la acción unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez pues considera que en una economía globalizada cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel global a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

España se convierte en el primer país de la Unión Europea en aplicar una medida que en la práctica es un impuesto a la exportación, «que aumentará el coste del capital, desincentivando la atracción de inversiones respecto a otros países en los que no se haya creado este impuesto y, por tanto, reduciendo el crecimiento económico».

Estando España en una situación de desventaja competitiva respecto al resto de países europeos y del mundo, el Ejecutivo «rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, lo que generará problemas de doble tributación».

Según los resultados preliminares de un estudio realizado por PwC para AMETIC y Adigital, la traslación del impuesto a lo largo de la cadena de valor tendrá efectos negativos sobre las pequeñas y medianas empresas, los usuarios y consumidores y el emprendimiento. Una consecuencia, de la que poco o nada se ha hablado hasta el momento, es que la mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pequeñas y medianas empresas que usan las plataformas digitales y por el consumidor, y que, se calcula, experimentarán una reducción en sus beneficios de entre 528 y 634 millones de euros, según el estudio de PwC.

Desde Adigital critican al Ejecutivo español por no tener en cuenta los problemas que genera un impuesto sobre el que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE del pasado 5 de diciembre no pudo ponerse de acuerdo por los riesgos políticos, económicos y legislativos que plantea.

Aparte de la fuerte pérdida de competitividad en las empresas españolas, la fragmentación del Mercado Único Digital y la paralización de la inversión, la organización se hace eco de las reticencias «políticas» mostradas por los Estados miembros ante los riesgos comerciales y diplomáticos que puede suscitar a nivel internacional.

Por otro lado, el impuesto a las transacciones financieras -vigente en Francia, Italia o Bélgica- «agrede a los usuarios de servicios bancarios».

La conocida como «tasa Tobin» grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. En 2013 un informe auguró la pérdida de miles de empleos en el sector bancario por culpa de este impuesto.

El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Estarán exentas las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Tendrá un impacto recaudatorio de 850 millones de euros anuales. El ex ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró el «beneficio» en 5.000 millones de euros.

Sobre este nuevo impuesto Juan Pina denuncia  el «incomprensible colaboracionismo del sector bancario con una medida que perjudica a sus accionistas y clientes». Y ante este conchabeo recomienda a los usuarios de banca explorar alternativas al sistema bancario convencional como las criptomonedas.

La UC recuerda que este tipo de impuestos especiales se unen a los preexistentes y golpean en especial a los ciudadanos, ya que las empresas, en este caso los bancos, obviamente los repercutirán a sus clientes. Para parar el «golpe» llama a los consumidores a movilizarse contra estas dos nuevas formas de exacción fiscal tan nocivas para todos.

Alejada de las reclamaciones empresariales, la UGT valora la aprobación de ambos impuestos porque, dice, «son justos y necesarios para garantizar un Estado de Bienestar justo, sólido y equilibrado».

El sindicato pone la alerta sobre la baja presión fiscal en nuestro país (se recaudan 80.500 millones menos que la media de la Unión Europea, esto es 7 puntos de PIB). Usa datos de Eurostat para señalar que España recauda 7 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la Unión Europea (37,9% frente a 44,8%), lo que significa que nuestro país deja de recaudar 80.500 millones de euros respecto a Europa.

Por eso, más allá de estos dos impuestos, la organización sindical reclama una reforma fiscal integral «para recaudar más y de manera más justa».

En el marco de esta reforma fiscal, el sindicato propone, entre otras medidas establecer una imposición real sobre la riqueza que integre, con carácter general, todo el patrimonio de los contribuyentes, diseñar una fiscalidad ambiental que nos equipare a Europa, tanto en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, crear un nuevo impuesto para las viviendas vacías de las entidades financieras; gravar de forma homogénea las sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional o crear un nuevo impuesto que se destine, de manera finalista, a la financiación del sistema público de pensiones (impuesto de solidaridad).

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