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Andalucía no quiere seguir siendo el puerto refugio de inmigrantes

POA

El Open Arms llegó ayer a Algeciras con 87 inmigrantes a bordo

La Junta gobernada por Susana Díaz pide más recursos económicos y colaboración entre comunidades para atender a los menores no acompañados

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha trasladado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, el malestar del gobierno andaluz por convertirse en el puerto refugio de los inmigrantes que llegan a España.

Después del desembarco de los 87 inmigrantes rescatados por el Open Arms en aguas internacionales, el también consejero de la Presidencia andaluz ha solicitado más recursos económicos para atender a las personas que llegan a la costas andaluzas, especialmente a los menores no acompañados (MENA).

Jiménez Barrios quiere que se establezca “un plan integral por el que las comunidades autónomas compartan la atención de los MENA, personas que tienen que ser atendidas legalmente hasta que cumplan los 18 años”. En este sentido, ha señalado que “las comunidades autónomas no pueden ponerse de perfil y el Gobierno tiene que presionarlas para que se impliquen más en este problema”.

El gobierno de la socialista Susana Díaz considera incoherente e insostenible que se acerquen barcos a los puertos españoles con menores a bordo “y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad de éstos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas”.

El número dos de Díaz apela a la solidaridad compartida de todas las regiones. “Tienen que comprender que desde el 1 de enero hasta el 31 de julio han llegado a las costas andaluzas más de 3.700 menores -más de 7.000 a España-, y que el Gobierno andaluz ha realizado un enorme esfuerzo para atenderlos como se merecen”.

Ha recordado también que la última Conferencia Sectorial de Migraciones “no dio una respuesta satisfactoria a esta situación”. Por ello espera que en la próxima reunión, que se celebrará el día 5 de septiembre, “se lleven propuestas para que las Comunidades puedan colaborar más solidariamente”.

“Sería un magnífico ejemplo para la Unión Europea, que sigue sin abordar seriamente este problema de la emigración, que aquí todas las comunidades pudiéramos colaborar para solucionar este asunto. Creemos que el nuevo Gobierno de España tiene capacidad de hacerlo y debe hacerlo en la Conferencia Sectorial del día 5 de septiembre”, apostilló.

Las críticas vertidas contra la política de “papeles para todos” de Pedro Sánchez desde un gobierno “amigo” como el andaluz han servido al presidente del PP, Pablo Casado, para alegrarse de que el Gobierno le haya “dado la razón en apenas dos semanas” y que Sánchez haya “comprendido que no es posible la política de papeles para todos”. Casado fue calificado de “xenófobo” y “racista” desde las filas socialistas por defender su “doble posición” de garantizar por un lado la seguridad en las fronteras y promover por el otro un “plan Marshall” de cooperación en los países de origen.

Por otra parte, la ONG Proactiva Open Arms acusa al Gobierno español de incumplir la normativa internacional al no facilitar el atraque en el puerto seguro más cercano. “Tardó cuatro días en conceder el permiso y nos derivó a San Roque pese a que habíamos pedido atracar en Palma, Barcelona o Valencia por cuestiones logísticas y humanitarias”, denunció ayer el coordinador de operaciones de POA, Gerard Canals.

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