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Alaya pide acabar la instrucción de los ERE falsos antes de su traslado

Mercedes Alaya

Alaya quiere acabar lo que empezó (rtve)

Un total de 236 magistrados obtienen nuevos destinos en el “macroconcurso” de traslado convocado el pasado 9 de diciembre

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto el «macroconcurso» de traslado de 364 magistrados de toda España, de los que 236 han obtenido nuevos destinos.

Entre los nuevos destinos destacan el del juez Pablo Ruz, que instruye entre otras la causa Gürtel en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional (AN), y el de la jueza Mercedes Alaya, que lleva años investigado el fraude de los ERE falsos en Andalucía desde su juzgado de Sevilla.

A Ruz le sustituirá en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN José de la Mata, que lo ocupará mientras su titular, Miguel Carmona Ruano, se encuentre en situación de servicios especiales como juez de enlace en el Reino Unido.

De la Mata, nacido en Cádiz en 1961, ingresó en la carrera judicial por oposición en 1987 y ha obtenido la plaza solicitada –a la que optaron otros 17 magistrados- al ser el que mayor antigüedad en la carrera tiene de todos ellos.

Desde 2002 ocupa plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, y antes estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cádiz.

Entre 2009 y 2001 estuvo en la situación administrativa de servicios especiales como director general de Modernización de la Administración de Justicia que impulsó el ministro socialista Francisco Caamaño.

Hasta que se produzca la llegada de De la Mata –para lo que la resolución del concurso ha de ser primero publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el empezará a contar el plazo de ocho días que la ley establece para la toma de posesión de los magistrados que ya están ejerciendo en la misma localidad en la que obtienen plaza-, el magistrado Pablo Ruz seguirá al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Ruz, que es titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ha ocupado el juzgado de la AN desde junio de 2010 en comisión de servicio, que se ha ido prorrogando cada seis meses. Según fuentes judiciales, el CGPJ ofreció a Ruz quedarse en la AN hasta terminar algunos de los casos cuya instrucción lleva desde hace varios años -los papeles de Bárcenas y la segunda parte de Gürtel-, pero, de momento, no lo ha pedido.

Por su parte, la magistrada Mercedes Alaya, que ha obtenido una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, no cesará de inmediato en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza. Alaya, que lleva entre otras las causas de los ERE falsos, Mercasevilla y Betis, sí solicitó retrasar su salida del Juzgado «hasta que la instrucción de las mismas esté avanzada o concluida para no causar un importante menoscabo al servicio público que se presta».

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó favorablemente sobre la petición de la magistrada.

Además de estos dos traslados sorprenden también las 128 plazas judiciales que han quedado desiertas porque ningún juez la quiera y que se destinarán al ascenso de jueces a la categoría de magistrados.

El «macroconcurso» judicial incluyó 265 de las plazas de nueva creación del Real Decreto aprobado el pasado mes de noviembre por el Consejo de Ministros para luchar contra la corrupción, otras 58 correspondientes a las vacantes del anterior concurso de traslado y a las producidas por nombramientos, jubilación o fallecimiento; y las 41 de los magistrados que se encuentran en situación de servicios especiales.

También el alcalde de Zaragoza, senador y ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch y el también miembro de la Cámara Alta Arcadio Díaz Tejera han obtenido plaza de magistrado en las Audiencias Provinciales de Zaragoza y de Santa Cruz de Tenerife. Ambos continuarán de momento en la situación administrativa de servicios especiales.

Y un último apunte en material judicial que tiene que ver, además, con el juez Pablo Ruz. La jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, comunicó ayer a Ruz que no está «en disposición» de cumplimentar el informe solicitado el 25 de febrero, relativo a la tributación que le correspondería al PP por el impuesto de sociedades de 2008 en relación con las donaciones ilegales que figuran en los llamados papeles de Bárcenas.

Valdecasas recuerda que los peritos de Hacienda ya han elaborado dos informes -en septiembre de 2013 y octubre de 2014- sobre esas donaciones y consideran que esos ingresos están exentos de tributación porque se destinaron a la financiación de actividades propias del partido. En su escrito, advierte al juez de que no puede «constreñir» el criterio de la unidad obligándola a «emitir una opinión en la que aplique criterios técnico-jurídicos contrarios a los ya expresados».

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