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Amnistía Internacional pide al Gobierno que proteja antes a las personas que las fronteras

Amnistía Internacional

Parte de los inmigrantes que lograron saltar la valla de Melilla (Foto: deia)

La organización recoge firmas en España para que cesen las «expulsiones en caliente», no se reforme restrictivamente la Ley de Extranjería y se depuren responsabilidades tras las muertes de Ceuta en febrero pasado

Las políticas de control fronterizo de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) son restrictivas y amenazan la vida y los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, asegura Amnistía Internacional (AI). La organización, que ha impulsado una protesta ante la sede del Ministerio del Interior en Madrid y el Consejo de Europa en Bruselas, bajo el lema Las personas primero, luego las fronteras, considera que los líderes europeos deben poner fin a las políticas y prácticas deplorables de los Estados miembros sobre migración y asilo, que se centran más en la prevención de la llegada de inmigrantes a sus fronteras que en la protección de las personas.

«Los Estados miembros incumplen miserablemente sus obligaciones respecto a la UE y los tratados internacionales de proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la pobreza, los conflictos y los abusos contra los derechos humanos», afirma Nicolas Berger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

«Mientras Europa alza sus barreras, muchas personas no tienen vías seguras y legales para acceder a la Fortaleza Europa. Por eso protestamos, para instar a los líderes de los gobiernos de la UE a que examinen con seriedad el impacto de su lucha contra la inmigración irregular en las vidas de hombres, mujeres y niños», ha resaltado Berger, que ha recordado que «cinco meses después de los trágicos naufragios frente a Lampedusa en los que murieron más de 500 personas, y un mes después de que 15 personas se ahogaran en su intento de llegar a territorio español en Ceuta, no se han adoptado medidas para garantizar que estos sucesos no vuelvan a repetirse».

AI cree que las políticas actuales de la UE obligan a un número cada vez mayor de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a emprender unas rutas cada vez más peligrosas para llegar a Europa. Además, resaltan, «tenemos testimonios de personas que han perdido a sus familias en el mar y que han sufrido expulsiones ilegales, violencia y malos tratos a manos de los guardias fronterizos».

La organización humanitaria reprocha la actuación de la UE en casos como el de Siria. «Hasta el pasado enero, los países europeos sólo habían ofrecido plazas de reasentamiento a 15.000 de los refugiados más vulnerables procedentes de Siria, la mayoría en Alemania, cuando las personas que han pedido asilo en la Unión son alrededor de 80.000», asegura Berger, que añade que «son casi dos millones y medio de personas los que han huido de Siria tras tres años de guerra».

Amnistía Internacional propone tres medidas fundamentales para que los gobiernos europeos protejan a las personas antes que sus fronteras: «Al igual que ha hecho Italia en los últimos meses, los Estados miembros pueden aumentar y apoyar el establecimiento de mejores operaciones de búsqueda y rescate, para poner fin a los ahogamientos y las muertes a la deriva en el mar; por otra parte, deben garantizar vías sin riesgos y legales para solicitantes de asilo y refugio que pretendan entrar en la UE para que de esta manera se abstengan de recurrir a trayectos peligrosos; y por último, los Estados miembros de la UE no deben permitir que países con un historial vergonzoso en materia de derechos humanos actúen como sus guardias fronterizos. Así, deben revocar los acuerdos bilaterales de control migratorio firmados con países que cuentan con un historial precario en materia de derechos humanos y dejar de delegar en terceros países las medidas de control migratorio».

La organización humanitaria tiene en marcha una ciberacción para denunciar la situación en España y para que se depuren responsabilidades por la tragedia de Ceuta de febrero pasado en la que murieron al menos 15 inmigrantes cuando trataban de alcanzar la playa del Tarajal. 

Según AI, «intentar reformar la Ley de Extranjería para poder amparar las expulsiones en caliente no es admisible e incumpliría normas y tratados internacionales de obligado cumplimiento en España».

Por último, la organización, conocedora de que la semana próxima hay prevista una reunión de las autoridades españolas con las de Marruecos para modificar el acuerdo bilateral vigente en materia de inmigración, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que este futuro acuerdo agilice las devoluciones de personas migrantes sin que tengan acceso a un proceso de devolución o expulsión que garantice su derecho a tener un abogado, un intérprete o a impugnar su expulsión ante las autoridades españolas.

Amnistía Internacional recuerda que cualquier acuerdo de readmisión con Marruecos, un país con un historial de derechos humanos poco claro, debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

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