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Abren juicio oral contra Mas, Rigau y Ortega por desobedicencia el 9-N

Artur Mas

Artur Mas en su época de president

El TSJ de Cataluña añade el delito de prevaricación administrativa

El suplicatorio para procesar a Francesc Homs ya ha sido enviado al Congreso

En junio de 2015 el TC declaró inconstitucional todo lo relativo a la consulta

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José Francisco Valls que instruye el caso abierto en relación con la consulta del 9-N de 2014 ha ordenado hoy la apertura de juicio oral al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, a la ex consellera de Educación Irene Rigau y a la ex vicepresidenta del Govern catalán Joana Ortega.

El instructor considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de desobediencia grave cometido por autoridad pública y de prevaricación administrativa, y señala como órgano competente para el enjuiciamiento de los mismos a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además, en el mismo auto rechaza la apertura de juicio oral a Mas, Rigau y Ortega por el delito de malversación de caudales públicos -el único que acarrea penas de cárcel- del que les acusaban las acusaciones populares personadas en la causa.

El magistrado considera que los hechos a juzgar son las decisiones del Govern encaminadas a mantener la celebración del 9-N a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Constitucional acordó suspender la consulta soberanista. En este sentido, el juez razona que los servicios que la Generalitat encargó a contratistas privados para celebrar la consulta -por valor de 4,7 millones de euros- se realizaron «con anterioridad a la suspensión».

Según el juez, Artur Mas utilizó instrumentos y procedimientos públicos, situándose convenientemente en segundo plano, para desafiar la suspensión acordada por el Constitucional.

Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha firmado el acuerdo para la tramitación del suplicatorio contra el ex consejero Francesc Homs por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en relación con el 9-N. El escrito se ha enviado al Congreso para que dé vía libre al proceso judicial.

También en relación a este asunto, la Sala II del Tribunal Supremo ha impuesto a Manos Limpias una fianza en metálico de 20.000 euros para ejercer la acción popular contra Joan Manel Abril Campoy, quien fue magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de esta causa. La Sala señala esta fianza con carácter previo a adoptar ninguna decisión sobre la querella que plantea Manos Limpias contra el citado magistrado por prevaricación.

El alto tribunal, en auto del que ha sido ponente su presidente, Manuel Marchena, destaca que esa fianza es «proporcionada» ante el hecho notorio de que «algunos miembros del Sindicato Manos Limpias -entre ellos su secretario general- están siendo investigados por delitos graves, entre otros, el de extorsión y el de pertenencia a organización criminal, los cuales habrían sido cometidos, precisamente, en relación a la actuación como acusación popular de la citada entidad en procesos penales».

«En este contexto -añade la resolución-, que pondría de manifiesto, al menos indiciariamente, un ejercicio espurio de la acción popular, que estaría siendo utilizada como instrumento para alterar su propia configuración, la cuantía fijada en concepto de fianza está, como decíamos en el auto 20632/2014, de 27 de abril, a la altura de las responsabilidades que asume dicha entidad al pretender personarse como acusación popular para responder de las resultas del juicio».

El auto recuerda que la acción popular lleva consigo la prestación de una fianza, que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva. La fijación de la fianza no se establece «simbólicamente» sino en relación a la naturaleza de los hechos perseguidos y al innegable interés público que existe para su persecución, respondiendo además a las exigencias de moderación y de facilitación de acceso a la jurisdicción que contempla nuestra legislación reguladora de la acción popular. En este caso, se fija la fianza en 20.000 euros, que deberá prestarse en metálico en el plazo de tres días.

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