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84 controladores aéreos serán juzgados por sedición

USCA

La USCA niega los hechos y espera la absolución de los acusados

Los controladores investigados ocasionaron el cierre del tráfico aéreo en 2010

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado un auto en el que confirma la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma en la que se acordó investigar a 84 controladores aéreos por el delito de sedición.

El instructor consideró en su resolución que existen indicios suficientes para que los hechos ocurridos en los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza en diciembre de 2010 puedan ser constitutivos de un delito de sedición.

En diciembre de 2010, coincidiendo con el puente de la Constitución, los controladores investigados no trabajaron (o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia) presentando escritos en los que alegaban no estar en condiciones psicofísicas para desarrollarlo. Con la intención, según el auto, de paralizar el tráfico aéreo sin tener en cuenta la repercusiones que ello tendría.

Su actuación provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos, al no estar los controladores en sus puestos de trabajo. Finalmente se declaró un RATE, cierre del tráfico aéreo, el 3 de diciembre por la tarde. El Gobierno decretó el estado de alarma el día 4 y el tráfico se reanudó unas horas después.

La Audiencia destaca que los hechos investigados son complejos y que «es criticable la atribución genérica» de los hechos a los controladores investigados que hizo el juez instructor, pues admite y reconoce que su papel no fue el mismo.

Sin embargo, argumenta que hay que entender que, a priori y según el planteamiento del auto, «nos encontraríamos ante un delito de sedición o de huelga ilegal a cargo de funcionarios públicos que parte como presupuesto de la participación de una colectividad de sujetos, delitos que comportan una actuación conjunta».

Cabe recordar que el Juzgado instructor decretó inicialmente el archivo provisional de la causa pero la Audiencia Provincial estimó los recursos de apelación del Ministerio Fiscal y la acusación particular y ordenó la práctica de nuevas diligencias, lo que supuso reapertura de la causa.

En julio de 2012 la Audiencia Nacional responsabilizó al Estado del bloqueo del espacio aéreo

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