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En riesgo 34.440 millones de energía fotovoltaica española

Fotovoltaica

La energía solar es un maná (Anpier)

Anpier advierte de los riesgos de la actual ultraconcentración de la propiedad de instalaciones fotovoltaicas

Los beneficios de la fotovoltaica no quedarán en manos españolas si no se introducen cambios en el mecanismo de subastas y se regula el acceso a redes

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) alerta este viernes de los riesgos que entraña la actual ultraconcentración de la propiedad de instalaciones fotovoltaicas para suministro de energía eléctrica a la red general.

Es más, dicen que si el sistema de subastas no se modifica y no se regula el acceso a la red general para hacerlo accesible a iniciativas locales, el actual modelo de concentración de la propiedad se consolidará y se perderá una oportunidad única para redistribuir riqueza solar del país.

Anpier calcula que el negocio del suministro de energía solar fotovoltaica ascenderá a 34.440 millones de euros a lo largo de la vida útil de los 20.000 MW que se prevén instalar en España en los próximos 10 años. Cifras de similar magnitud se registrarán en el sector eólico, con idénticas características de concentración de la propiedad.

Todo este dinero podría terminar fuera de las fronteras españolas.

El sol que recibe España, más de 3.000 horas anuales de luz en la mitad sur del territorio, cantidad que dobla la irradiación que reciben los países del centro y del norte de Europa, ha explotado una oferta turística de primer nivel internacional y una industria agroalimentaria moderna que aportan un saldo positivo a la balanza comercial y soportan nueva parte del empleo y la economía españoles.

A pesar de este maná, la economía española se ve lastrada por la importación de hidrocarburos y una industrialización insuficiente. Al mismo tiempo, los beneficios que el sol ofrece son monopolizados por un grupo reducido de empresas que se benefician de la actual normativa que, con sus condiciones inalcanzables, impide a pymes e iniciativas locales acudir a las subastas y propicia la concentración incentivando la construcción de macroparques.

La otra vertiente es que la generación fotovoltaica a gran escala es mucho menos intensiva en empleo.

El 90% de los 3.000 megavatios fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas y se estima que un más de un 25% estará ya en manos de fondos internacionales; mientras que de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran dichos beneficios y, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales.

En el resto de Europa la situación es muy diferente. Un estudio realizado por la consultora Haz Energía para Anpier revela que Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, que representan más del 77% de toda la potencia fotovoltaica instalada en el conjunto de Europa, han distribuido la generación en instalaciones de pequeño tamaño, apoyándose también para ello en la generación para autoconsumo.

En Alemania, más de la mitad de la potencia fotovoltaica corresponde a proyectos con un tamaño inferior a los 40 kW; el 99,5% de las instalaciones fotovoltaicas en Reino Unido son sistemas de pequeña potencia, que no superan los 50 kW; mientras que en Francia el 98% de estas instalaciones tienen potencias inferiores a 100 kW; y en Italia son excepción las grandes instalaciones, las pequeñas plantas fotovoltaicas, de potencia inferior a 20 kW, constituyen más del 90% de las instalaciones.

Según la asociación de productores estos países sí han entendido que la generación solar fotovoltaica debe «democratizarse», mientras que España abandonó este formato de distribución de la generación que sí instauró hace una década: los 4.000 MW que fueron instalados en España entre 2007 y 2010 se socializaron y quedaron repartidos entre 60.000 titulares, de tal forma que los ingresos por esta producción se había capilarizado hacia los territorios por medio de pymes, autónomos y familias.

Sin embargo, además de las restricciones normativas y técnicas descritas, los drásticos cambios retroactivos que soporta este colectivo de 60.000 familias es también una forma de expulsar a los pequeños propietarios y disuadir a los que se pudieran plantear este camino en la actualidad o en el futuro.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, lamenta que las grandes empresas hayan gozado hasta ahora de una normativa que les ha permitido «usar nuestro territorio y nuestras redes para captar los recursos económicos de nuestras familias y empresas a través de facturas de la luz sin dejar otra opción a los ciudadanos que resignarnos a ser meros consumidores cuando podríamos ser productores de energía, ya no solo para autoconsumo, sino para participar de este gran mercado que es la generación». Finaliza asegurando que es urgente «impulsar la socialización de la generación solar fomentando iniciativas empresariales locales, devolviendo la confianza a los pequeños inversores con la recuperación de las seguridad jurídica».

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