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Multa a España de 19 millones por manipulación de las cuentas valencianas

Donald Tusk

Tusk y Juncker, presidentes del Consejo y la Comisión europeos (Foto: EC)

El Consejo Europeo ha tenido en cuenta el alto grado de cooperación de las autoridades españolas para reducir la sanción

El Gobierno de España recurrió la sanción pero Bruselas ha querido dar ejemplo para frenar cualquier intento de «desvío» de cuentas públicas

El Consejo Europeo ha impuesto este lunes a España una multa de 18.930.000 de euros por haber manipulado los datos de déficit de la Comunidad Valenciana.

Hay que recordar que fue el pasado mes de mayo cuando la Comisión recomendó al Consejo imponer la multa al Reino de España por un desfase en las cuentas públicas de la Comunitat respecto a los gastos de sanidad de 2011.

En mayo de 2012 España informó a Eurostat de que el déficit de la Administración general correspondiente a 2011 debía revisarse al alza en un 0,2 % del PIB porque había descubierto gastos no registrados en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Eurostat realizó varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema y descubrió que la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales durante muchos años. Además de no notificar gastos sanitarios considerables, la IGGV no había respetado el principio del devengo como exigen el Derecho nacional y el Derecho de la UE.

La Comisión Europea, que cifra en 1.900 millones de euros las facturas no computadas en las cuentas de 2011, acusa al Gobierno valenciano de «negligencia grave» y de «no respetar los principios contables», provocando un error en los datos de déficit del Reino de España en 2012.

Lo curioso de este asunto, aparte de lo ocurrido en sí mismo, es que la Intervención General de la Administración del Estado se dio cuenta de la irregularidad en 2007 y aunque creó un grupo de trabajo para abordar la deuda sanitaria regional, ésta continuó y no salió a la luz hasta 2012, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo denunció.

De esta circunstancia parece olvidarse el actual conseller de Hacienda y Modelo Económico valenciano, Vicent Soler, que ha pedido que sea el Gobierno de España quien asuma el coste de la multa.

El socialista se olvida de que fue en 2007, gobernando en España José Luis Rodríguez Zapatero, cuando los organismos estatales, conocedores de la «trampa»,  «consintieron» seguir ocultando la deuda sanitaria regional.

Soler ha criticado la forma de gobernar del anterior Ejecutivo regional pero no ha dicho nada sobre el anterior Ejecutivo nacional. El responsable de la Hacienda regional ha recordado que «los responsables de los hechos denunciados por la Unión Europea pueden ser identificados perfectamente».

En este sentido, ha explicado que una de las primeras medidas que aprobó el actual Consell fue instar a la Intervención General para que solicite a las Intervenciones Delegadas un informe de la situación económica de todas las Consellerias a fecha de 1 de julio.

Pague quien pague la «factura», esta es la primera vez que Bruselas impone una multa de este calibre por la manipulación de los datos. Y lo hace en virtud de un Reglamento adoptado en 2011 como parte del fortalecimiento de la vigilancia fiscal de la UE, precisamente, a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia.

La Unión entendió entonces que los datos relacionados con el déficit público y la deuda eran un valor esencial para coordinar la política económica en la UE. Y cuando un estado miembro los manipula, el Consejo puede imponer una multa a ese Estado.

La decisión ha sido tomada en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca; y como ya advirtió en su día el ministro de Hacienda tendrá que pagarla la propia Comunidad Autónoma.

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