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Las leyes del Concierto y el Cupo vasco van rumbo al Congreso

Cristóbal Montoro

Montoro «sujeta» los acuerdos con los vascos (Foto: Moncloa/J.M.Cuadrado)

Como principal novedad, se fija el cupo base para 2017 en 1.300 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley Quinquenal del Cupo vasco para el periodo entre 2017 y 2021 y la reforma del Concierto Económico.

Ambas deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados para que puedan entrar en vigor el 1 de enero, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el vasco.

El pacto ha sido presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como un ejemplo de la capacidad negociadora del Ejecutivo «dentro de la ley» y de que es posible «impulsar y fortalecer las instituciones, la financiación y el autogobierno».

Montoro ha intentado desvincular la aprobación del Cupo y el Concierto con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, afirmó que ambas iniciativas recogen los acuerdos sobre financiación y autogobierno en materia fiscal tributaria suscritos entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales y el Gobierno de España en la Comisión Mixta del Concierto celebrada el 19 de julio.

Respecto a los PGE del año que viene, el responsable de Hacienda ve «difícil» que puedan ser aprobados antes de que finalice el año. Considera factible, eso sí, que salgan adelante «en los primeros meses de 2018».

En este contexto, la nueva Ley del Cupo aclara y da estabilidad a las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco para el próximo quinquenio. Como principal novedad, se fija el cupo base para el año 2017 en 1.300 millones de euros, sin considerar la cantidad derivada de la participación del País Vasco en los créditos presupuestarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El texto que se remite a las Cortes Generales determina también los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales), manteniendo los valores del quinquenio anterior e introduciendo en la redacción alguna adaptación técnica para precisar el procedimiento de regularización de flujos correspondientes a los tipos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Por otro lado, la redacción de la Ley del Cupo se simplifica respecto a la anterior (Ley 29/2007) con la finalidad de evitar que surjan discrepancias como las derivadas de los quinquenios anteriores.

Con la nueva Ley del Cupo se dota de mayor claridad y estabilidad a las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco de cara al próximo quinquenio.

El Consejo de Ministros ha acordado también remitir el proyecto de ley con las modificaciones que vienen a adaptar el Concierto a determinados cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de incorporarse en el mismo.

Así, entre otros, se modifican los preceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad y a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF al tiempo que se adapta la regulación del Delito Fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal. También se ha acordado la concertación del Impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados, creado con posterioridad a la última actualización del Concierto.

Por otra parte, se introducen mejoras en la gestión tributaria y en la coordinación entre Administraciones, acordando un nuevo procedimiento para la regularización de cuotas de IVA devueltas en los supuestos de inicio de actividad, suscribiendo las reglas para la asignación y revocación del NIF e introduciendo nuevas reglas de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras entre Administraciones en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas.

Otras medidas introducidas conciernen al IRPF, al Impuesto de Sociedades e IVA, al Impuesto sobre la Renta de No Residentes y al de Sucesiones y Donaciones, que implican la optimización de la capacidad de la gestión tributaria por parte de las diputaciones forales.

Entre ellas, se destaca que en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA, se actualiza la cifra umbral de volumen de operaciones que delimita la competencia para exigir el impuesto, que pasa de 7 a 10 millones de euros. Como novedad, se atribuye al País Vasco en ambos impuestos la competencia sobre sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común y volumen de operaciones superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior, cuando hubieran realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones en dicho ejercicio.

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