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Lambán se suma a Feijóo para reclamar el IVA

Javier Lambán

El presidente aragonés, Javier Lambán, en imagen de archivo

El presidente de Aragón amenaza al Gobierno con iniciar acciones legales si Hacienda no desembolsa el IVA de diciembre de 2017

El impago del IVA de 2017 a las comunidades autónomas por parte de Hacienda sigue generando tensiones entre las comunidades autónomas y el Gobierno Central, que se niega a desembolsarlo.

La semana pasada fue el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ordenó a su Gabinete iniciar las acciones pertinentes para reclamar vía judicial al ministerio de Hacienda el abono del IVA generado en diciembre de 2017 que el Ejecutivo central se ha embolsado indebidamente [1].

Esta mañana ha sido el presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamándole el pago de los 80 millones que le corresponden a su región. En caso de que no reciba el dinero pondrá en marcha las «acciones legales» necesarias pues, en caso de no hacerlo, ha especificado, estaría incurriendo en «una dejación de responsabilidades absolutamente imperdonable».

Ayer, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, insistió en que no es «factible» devolver los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas. Darias culpó de esta situación al «bloqueo del Partido Popular al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro».

Este asunto no es el único complicado al que tiene que hacer frente el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, a quien las empresas con contratos públicos piden que se les compense la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) revisando dichos contratos y adecuándolos a las nuevas exigencias salariales. La patronal cree que las pymes deben poder repercutir este aumento de costes en sus contratos públicos.

Hasta ahora la también portavoz del Gobierno se niega a hacerlo, lo que afecta a miles de compañías que trabajan para la Administración y que además de a los retrasos en el pago de las facturas tienen que asumir el coste de las promesas electorales del nuevo gobierno socialcomunista.