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La pobreza de los trabajadores aumenta un 12% en la UE

Trabajadores pobre UE 2020

Clique sobre la imagen para ver bien los datos de la CES

En España los trabajadores pobres aumentan hasta el 12,7% del total

Según la CES, el número de trabajadores españoles en riesgo de pobreza creció un 16% entre 2010 y 2019

El número de trabajadores en riesgo de pobreza en España ha pasado del 10,9% en 2010 al 12,7% en 2019, lo que supone un incremento del 16%, cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea.

Así se refleja en un informe elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con datos de Eurostat, que también revela que el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza aumentó en 16 estados miembros entre 2010 y 2019 a pesar de que la economía mejoró durante ese período.

Hungría, Reino Unido, Estonia, Italia y Luxemburgo sufrieron los mayores aumentos, con un incremento de la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza de entre el 58% y el 27%.

Eso contribuyó a un aumento del 12% de los trabajadores pobres en toda la UE, lo que significa que alrededor de uno de cada diez trabajadores europeos se encuentra ahora por debajo del umbral de riesgo de pobreza de Eurostat: el 60% de la renta media nacional.

Los jóvenes, los trabajadores inmigrantes y los que tienen contratos temporales se encuentran entre los más afectados, aunque ha habido aumentos para todas las categorías, incluidos los asalariados a jornada completa y contratos indefinidos.

El informe anual Benchmarking Working Europe 2020 también muestra que solo cuatro estados miembros tienen salarios mínimos legales por encima del umbral salarial en riesgo de pobreza. En este sentido, la CES denuncia que aunque la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre salarios mínimos en octubre ‘no hace nada para evitar que los salarios mínimos legales sigan fijándose por debajo del umbral del salario de pobreza’.

Para sacar a los trabajadores de la pobreza la confederación sindical europea apuesta, entre otras cosas, por prohibir que los fondos públicos vayan a empresas que nieguen a sus trabajadores el derecho a la negociación colectiva y acabar con la exclusión de los trabajadores domésticos o los jóvenes del salario mínimo legal.

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