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La ONU dibuja una España sumida en la pobreza generalizada

Cañada Real ONU

El enviado especial de la ONU ha visitado, entre otros sitios, la Cañada Real en Madrid (Foto: Bassam Khawaja)

Un ‘relator especial’ de la Organización de las Naciones Unidas celebra el gobierno de coalición socialcomunista formado por el PSOE y Unidas Podemos que «quiere acabar con las injusticias sociales»…

¿Por qué y para qué pasa diez días en España un «relator especial» de la Organización de las Naciones Unidas? Para acabar firmando un informe en el que dibuja una España sumida en la pobreza.

Lo normal después de haber «visitado lugares que muchos españoles no reconocerían como parte de su país (…) barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”.

Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, ha pasado 12 días -llegó el 27 de enero- en España y no ha visto más que miseria.

Y ha puesto cifras a la miseria española: «En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años».

Para el «experto» en derechos humanos los niveles de pobreza en España reflejan el resultado de las políticas implementadas durante la última década. «Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español optó por recaudar un 5% menos de impuestos que el cualquier otro Gobierno europeo y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social”.

La inclinación de este australiano, que no tiene porqué tener en cuenta cómo llegó España a 2007 porque la ONU sólo percibe y analiza la actualidad, se ha destapado cuando ha dicho que el único aspecto positivo de su viaje a España lo ha encontrado «en el compromiso del nuevo Gobierno con la justicia social».

Alston tiene claro que «hay dos Españas muy diferentes: una la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso, próspero… y la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país «con un porcentaje inusual de población que vive al límite y tienen dificultades para sobrevivir”.

Y los culpables de todo esto es, además de los que han gobernado en España durante los últimos 10 años (Alston dixit) «los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión». Porque, el relator de derechos humanos asegura «que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a las empresas y a los ricos».

«España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea», ha detallado Alston, que admite «que España está prosperando económicamente» pero también que «demasiadas personas siguen pasando apuros».

En España, siempre desde el punto de vista del relator de la ONU, «la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron».

Ha llegado a decir que los españoles «ignoran» la actual situación de España, que el pinta así: «una pobreza generalizada; un alto nivel de desempleo; una crisis de vivienda de proporciones inquietantes; un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza; un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico; un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres; y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes de la administración que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas».

El «experto independiente» ha observado también que «los derechos sociales rara vez se toman en serio”. Asegura haber visitado «barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación”.

Asimismo ha observado vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal.

«La palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es ‘abandonados'», ha puntualizado Alston que ha conocido «a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis y ahora tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Además, afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Y todo ello pese a que casi todas las personas a las que conoció “buscaban ávidamente un trabajo decente».

El relator especial de la ONU llama la atención sobre ciertos grupos particularmente olvidados que sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan tasas de pobreza desproporcionadamente altas. “España tiene una de las comunidades de gitanos más grandes de la UE, casi la mitad de los cuales viven en la extrema pobreza. Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza», desgrana Alston.

Pero en medio de todo este horror, Alston ha encontrado algo de esperanza en el nuevo Gobierno de coalición socialcomunista, que, asegura, «está firmemente comprometido con lograr la justicia social” y del que espera que «sus acciones estén a la altura de su retórica». Porque, advierte Alston, «la pobreza es en última instancia una decisión política y los Gobiernos pueden, si lo desean, superarla».

Tras visitar Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, reunirse con personas afectadas por la pobreza, funcionarios, activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, y estar en numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal para trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro de trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas, el relator especial presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020.

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