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La OCDE eleva dos décimas las previsiones de crecimiento de España

MINECO

De Guindos y Gurría esta mañana en Economía (Foto: Mineco)

Mientras destaca la solidez de la recuperación producida por las reformas proyecta un crecimiento del 2,5% y baja la tasa de paro hasta el 17,5%

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que la recuperación de la economía española es sólida gracias al conjunto de reformas estructurales adoptadas por el Gobierno durante la X Legislatura.

Así lo recoge el informe Economic Review-2017 Spain, que puede leer aquí y que han presentado hoy en Madrid el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

Los pronósticos de la OCDE para España mejoran para 2017 en relación a los del otoño pasado. Así, la economía crecerá el 2,5% (dos décimas más) y la tasa de paro bajará al 17,5% (dos décimas menos), en línea con las previsiones del Gobierno.

A estos buenos datos la Organización suma algunos más pero es conveniente pararse en lo que ha dicho el secretario general de la Organización, Ángel Gurría, durante la presentación del informe sobre España. «Reformas, reformas, reformas y más reformas; y a veces para seguir creciendo reformar las reformas».

La recuperación española se ha apoyado -dicen los analistas- en el amplio abanico de reformas estructurales llevadas a cabo, en el saneamiento del sistema financiero y en la política fiscal; pero, como también refleja el informe de la OCDE, «España lleva tiempo padeciendo un crecimiento muy bajo de la productividad -en parte por la escasez de inversión en innovación- lo que ha limitado el aumento de los niveles de vida».

Esto ha provocado, paralelamente, que haya crecido la desigualdad y que el paro estructural pese como una losa en un país en el que en torno al 40% de los jóvenes no tiene empleo y muchos de ellos cuentan con una baja cualificación.

La Organización valora los resultados producidos por la reforma laboral de 2012 y subraya que ha contribuido a frenar la destrucción de empleo a partir de 2013 y a mejorar la probabilidad de que los contratos temporales, sobre todo de los jóvenes, se conviertan en fijos. Pero la temporalidad sigue siendo, sin embargo, elevada, y existen deficiencias en formación y un porcentaje mayor que la medida de la UE de empleos de baja remuneración.

Esto, junto al elevado desempleo, ha provocado un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y de la tasa de pobreza durante la crisis. Es verdad -argumentan- que la tasa de pobreza se redujo en 2014 y reconocen que desde entonces puede haber continuado la tendencia al haber mejorado las condiciones del mercado laboral. Pero piden un mayor apoyo para las familias con hijos. En este sentido, la OCDE propone fortalecer los sistemas de apoyo social y las políticas activas de empleo con la idea de alcanzar los objetivos, hacer un gasto más eficiente y aumentar su digitalización.

Son problemas graves a los que se enfrenta España. Para salvarlos la OCDE recomienda seguir apostando por la modernización de la enseñanza y formación profesionales (EFP), ampliar la EFP dual y garantizar que las competencias enseñadas satisfagan las necesidades empresariales. También buscar una mayor convergencia entre los costes de despido de temporales y fijos.

Hay más «peros». «Las condiciones laborales y salariales impuestas por la prórroga de los convenios colectivos pueden ser demasiado restrictivas para que las nuevas empresas puedan competir con las empresas más establecidas». Unas empresas que, por otra parte, soportan elevadas contribuciones empresariales a la seguridad social, lo que aumenta la carga tributaria sobre el trabajo y desincentiva el empleo. Reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos» podría ayudar a mejorar la ratio de empleabilidad.

También es necesario mejorar la eficiencia del sistema tributario mediante la abolición de exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado, como las deducciones por vivienda habitual o por contribuciones a planes de pensiones; la abolición de tipos reducidos del IVA de carácter regresivo; y el aumento de los impuestos ambientales. En este sentido, la OCDE apuesta por subir los impuestos al diésel, más contaminante que la gasolina, lo que reportaría a las arcas públicas unos 4.000 millones de euros y eliminar los tipos reducidos del IVA.

Las soluciones serían fáciles de tomar si, como se encarga de remarcar la OCDE, el Gobierno de Mariano Rajoy contase con mayoría suficiente en el Parlamento. Pero esto no es así y en esta situación proseguir con las reformas no es fácil.

A esto hay que añadir las incertidumbre provenientes del exterior, como posibles turbulencias en los mercados financieros, la ralentización del crecimiento mundial, guerras comerciales, un Brexit desordenado y un deterioro del sistema bancario europeo.

En este escenario la OCDE subraya algunas virtudes que pueden mitigar el efecto de estas variables foráneas. El sistema bancario español cumple holgadamente con los requerimientos regulatorios de solvencia; la reforma bancaria ayudó a estabilizar el sector financiero y contribuyó a un aumento del crédito. Ahora el sector es significativamente más fuerte, subraya el informe. Más allá de las medidas adoptadas para restaurar la estabilidad financiera de las entidades, se ha reforzado la regulación y supervisión del sector.

En cuanto a la política fiscal, España ha realizado un esfuerzo considerable de reducción del déficit público desde 2012 e insiste en la necesidad de cumplir los objetivos para reducir el elevado nivel de deuda pública.

Apuesta por un nuevo programa de reforma de la Administración pública para generar «unos ahorros de en torno a 900 millones en el periodo 2017-2019». Y en el apartado de las pensiones y a pesar de valorar las reformas ya adoptadas, «que han reducido los riesgos de sostenibilidad del sistema», cree que son necesarias medidas adicionales.

En cuanto al sistema impositivo, el organismo apoya las medidas recientes en relación a los impuestos especiales y recomienda vigilar el impacto en las grandes empresas de la reciente reforma del impuesto de sociedades.

La OCDE apunta a otra serie de reformas que considera necesarias para garantizar un crecimiento económico sostenible a medio plazo. Han de reducirse las barreras regulatorias que restringen la competencia (continuar implementación de Ley de Unidad de Mercado y liberalización de servicios profesionales). También, buscar una mayor eficiencia en el régimen concursal, cuyo funcionamiento ha mejorado con las reformas de 2014 y 2015, pero que podría completarse con medidas como la reducción del plazo de cinco años para la exoneración de deudas para empresas operativamente viables, pero endeudadas. Por último, la OCDE considera que hay que mejorar el sistema de apoyo a la innovación.

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