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La CNMC recurre el reglamento sobre VTC de Barcelona

José María Martín

El presidente de la CNMC, José María Martín, en una imagen de la UIMP

Considera que determinados artículos del reglamento aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona limitan la competencia y no se ajustan a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinados artículos del Reglamento sobre arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en el área metropolitana de Barcelona.

El organismo presidido por José María Martín considera que resultan contrarios a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, por lo que perjudican a los consumidores y usuarios.

El reglamento prohíbe la geolocalización del vehículo VTC con carácter previo a la contratación del servicio. Además, prohíbe que los VTC puedan estacionar o circular por vías públicas cuando no estén contratados previamente o prestando el servicio. Tal exigencia les obliga a permanecer estacionados en aparcamientos o garajes autorizados. Asimismo, establece un lapso de 60 minutos entre la contratación y el inicio de la prestación del servicio. También restringe los días en que los VTC pueden operar.

Todas estas restricciones afectan negativamente a la prestación del servicio a los consumidores y usuarios finales, provocando mayores precios, menor calidad, disminuyendo la oferta disponible y causando mayores tiempos de espera, según la Comisión.

No es la primera vez que la CNMC recurre el reglamento sobre transporte urbano en el AMB, que actualmente se encuentra suspendido por orden precisamente del TSJ de Cataluña, que decidió adoptar las medidas cautelares solicitadas por una de las plataformas de VTC afectadas por la normativa.

Competencia, que también está analizando la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, ha advertido en numerosas ocasiones sobre la conveniencia de realizar una reforma integral de la regulación «global» del servicio de transporte discrecional de pasajeros. Esto permitiría establecer un marco jurídico sin discriminaciones injustificadas entre las autorizaciones del taxi y de VTC; y, por supuesto, respetar los principios de regulación económica eficiente en beneficio de todos los consumidores y usuarios.

La primera vez fue después de que en septiembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobase el derecho ley con el que «trasladó» el conflicto entre el taxi y las VTC a las Autonomías y los Ayuntamientos.

En esa ocasión, la CNMC señaló que «el Real Decreto-ley aprobado en septiembre privará a los VTC actuales de la posibilidad de ofrecer recorridos urbanos y aumentará la segmentación del mercado por comunidades autónomas. Estas limitaciones serán efectivas tras finalizar el periodo transitorio previsto (4 años), pero empezarán a generar efectos negativos para los usuarios desde mucho antes. De esta forma, los clientes se verán perjudicados por la pérdida de competencia, que se traducirá previsiblemente en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad de los servicios de taxi y VTC».

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