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Canarias impide la competencia en la vivienda vacacional

Pedro Ortega

Pedro Ortega, consejero de Economía y Comercio canario

Al crear barreras a nuevos operadores que quieren entrar en el mercado de estos alojamientos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido al Gobierno de Canarias para que modifique varios artículos del decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que regula las viviendas vacacionales de la Comunidad.

El requerimiento busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el caso de que el Gobierno de Canarias no modifique o anule las citadas restricciones.

Según la CNMC, la nueva regulación en las viviendas vacacionales de Canarias -que antes no estaban reguladas- impide la libre competencia.

Entre las «fallas» de la norma canaria la CNMC señala, entre otras, que excluye de su aplicación las viviendas situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, que, por su propia naturaleza, son zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la entrada en vigor de la normativa.

Con esta «treta» el gobierno canario «privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que tienden a concentrarse en esas zonas, en perjuicio de los usuarios. Así mismo, la norma exige innecesariamente al arrendador habitualidad en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario.

Además, la normativa canaria prohibe el alquiler por estancias o habitaciones, lo cual se considera contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas.

También establece un exhaustivo catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas, que constituyen una carga innecesaria para los operadores que incrementa los costes y limita su libertad de autorganización.

Por otra parte, se sujeta el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable que tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique en términos de necesidad y proporcionalidad tal intensidad de intervención administrativa con el consiguiente coste de recursos públicos.

Incluso se exige la exhibición, en el exterior de la vivienda, de una placa distintiva de la actividad y, en el interior de la misma, de un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas en el Reglamento, en español y en inglés. Se obliga también a la suscripción de un contrato escrito en español y en inglés.

Para la CNMC, todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes; y reduciendo el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.

Por otra parte, la reglamentación canaria impugnada por la CNMC impide que los consumidores se beneficien de ofertas también diversas, basadas en distintas combinaciones de calidad y precio.

Y por si todo esto fuera poco, la CNMC advierte que la aprobación de esta normativa restrictiva se produce en un contexto mundial de innovación tecnológica en el sector del alojamiento con finalidad turística y no turística, que afecta tanto a los operadores ya instalados como a nuevos entrantes que prestan servicios de alojamiento a través de servicios online y de economía colaborativa.

Por todo ello, el órgano regulador entiende que, dentro del plazo legal establecido, las disposiciones afectadas deben suprimirse o modificarse para favorecer en mayor medida al interés general, en tanto que suponen un obstáculo al desarrollo de una competencia efectiva.

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