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Exigen una salida para los accionistas del Popular

Popular

La ampliación de capital fue una trampa…

ADICAE considera abusiva la operación

Todos los accionistas de Banco Popular, así como todos los titulares de bonos contingentes convertibles y de bonos subordinados han perdido totalmente su inversión

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) acusa este miércoles al Santander de «hacer negocio a costa de los ahorros de decenas de miles de familias» que tenían acciones del Banco Popular.

ADICAE recuerda que la compra del Popular por la entidad presidida por Ana patricia Botín se parece mucho «a la lamentable adquisición de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el Sabadell». En este caso, advierten que el Santander deja «que sean los ahorradores (pequeños accionistas y titulares de deuda subordinada) quienes asuman las pérdidas sin que se haya dado ninguna alternativa».

La asociación destaca que la caída del sexto banco español supone que España es el primer país en Europa que «estrena» el Mecanismo Único de Resolución (MUR).

La actual dirección del Popular –que el pasado 12 de mayo negó que estuviese en riesgo de quiebra– centra las críticas de ADICAE, que recuerda que recientemente amplió capital pese a la dramática situación de sus cuentas y a sabiendas del riesgo que suponía para los nuevos inversores. En febrero registró una pérdida contable de 3.485 millones de euros.

A pesar de que los depositantes del Banco Popular tienen asegurados sus ahorros, los pequeños accionistas asumen la crisis perdiendo lo invertido. Según ADICAE, de los 300.0000 que forman el accionariado, nada menos que el 30% son pequeños accionistas. Y esto, a juicio de la asociación, deja patente que el MUR no es una garantía para los pequeños accionistas, pese a que son millones de familias las que representan a este tipo de capital en el grueso las entidades bancarias en España.

ADICAE «propone» a la dirección del Santander que permita el canje de las acciones del Banco Popular por las del Santander, aunque aún así los accionistas asumirían pérdidas.

Hay otra circunstancia que destacan en ADICAE. Hasta ahora los problemas del sector financiero se circunscribía a la mala gestión de las Cajas de Ahorro. En este sentido, Manuel Pardos, presidente de la Asociación, pide al Gobierno que hable claro a los consumidores.

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) también hacen un llamamiento al Gobierno y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Sindicato pide que eviten que esta operación financiera suponga destrucción de empleo.

UGT califica de «verdugos» a la actual directiva del Popular, a la que responsabiliza de entrar en un bucle de decisiones erráticas y llevar a la quiebra a la entidad. Además, denuncia la pasividad del Gobierno y de los reguladores del sector financiero -Banco de España y CNMV- que no han impedido movimientos bursátiles especulativos que «tiraron» la acción del Banco Popular.

Recuerda el Sindicato que Santander y Popular han realizado recientemente de empleo que han afectado a unos 2.600 puestos de trabajo en Banco Popular y unos 2.500 en Banco de Santander.

Según UGT, son más de 80.000 los empleos destruidos en el sector financiero español desde el año 2008.

Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se defienden asegurando que todo lo ocurrido entorno al Popular  está amparado por la nueva normativa europea y española sobre resolución de situaciones de crisis de entidades financieras (principalmente el Reglamento UE 806/2014 y la Ley española 11/2015).

«El principio esencial de esta nueva normativa es la recapitalización interna (bail-in), que implica que sean en primer lugar los accionistas y a continuación los titulares de ciertos instrumentos financieros los que soporten las pérdidas de las entidades en crisis (en lugar de fórmulas de recapitalización externa con apoyo público)», alegan.

Todos los accionistas de Banco Popular, así como todos los titulares de bonos contingentes convertibles y de bonos subordinados han perdido totalmente su inversión.

Por su parte, el portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de manera urgente del ministro De Guindos, en la Comisión de Economía, para que explique «los pormenores de la primera intervención la Unión Europea en un banco europeo, en este caso del Banco Popular, así como su posterior venta al Banco de Santander».

En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, Saura ha explicado que, con ello, «se cae uno de los mitos neoliberales en nuestro país; la de que el problema sistema financiero era el de las Cajas de Ahorro. No, el problema de nuestro sistema financiero son los malos gestores». Además, ha asegurado que en segundo lugar, «el problema es una supervisión laxa y en tercer lugar, un modelo de crecimiento en nuestro país que en los años pasados era un modelo especulativo», ha resumido el responsable socialista.

En este sentido, Saura ha explicado que los socialistas «queremos preguntar por qué se ha tardado tanto, por qué se ha llegado a este punto hasta hacer inviable el Banco Popular, cuál ha sido el papel de los organismos supervisores y reguladores, así como las razones por las que han fallado los mecanismos o modelos de supervisión. Lo queremos hacer de manera urgente y en la Comisión de Economía», ha terminado.

Luis de Guindos ya ha empezado a responder a las preguntas diciendo que la operación es «una buena salida» para el Popular «ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad. El ministro de Economía ha destacado también que se ha llevado a cabo «sin la utilización de recursos públicos» y que la decisión se ha adoptado en el marco sobre resolución bancaria «con total transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa comunitaria». Asimismo, ha señalado que se ha realizado sin que se produzca «un eventual contagio entre riesgo soberano y bancario».

De todas formas, el titular de Economía comparecerá en el Congreso para informar sobre la resolución del Popular. De Guindos ha solicitado acudir al a Comisión de Economía, Industria y Competitividad, según el escrito remitido por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al Congreso de los diputados.

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