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Entra en vigor la directiva europea contra la morosidad

Morosidad

Ayuntamientos y CCAA han llevado a la ruina a miles de autónomos por no pagar sus facturas

Desde el sábado 16 de marzo está en vigor la directiva que pretende acabar con la morosidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la Unión Europea. La Directiva 2011/7/UE armoniza por primera vez los plazos de pago de las Administraciones Públicas, que tendrán que pagar sus facturas en 30 días naturales desde la recepción de la factura. Si dicho plazo no es respetado automáticamente y sin necesidad de recordatorio el acreedor tiene derecho a los intereses de demora: referencia ECB+ 8% además de 40 euros de costes de cobro (automáticamente).

Cada día, decenas de pequeñas y medianas empresas (PYME) se ven abocadas a la quiebra en toda Europa porque no les pagan sus facturas. Como consecuencia se pierden puestos de trabajo y se desaprovechan oportunidades de negocio, lo cual entorpece el regreso al crecimiento económico. Por ello y para acabar con la morosidad, la Unión Europea ha adoptado esta Directiva 2011/7/UE, que obliga a las autoridades públicas a pagar los bienes y servicios en un plazo de treinta días civiles o, en circunstancias muy excepcionales, en un plazo de sesenta días.

La noticia ha sido acogida como si del maná se tratase por los trabajadores autónomos españoles a quienes las Administraciones Públicas deben más de 4.000 millones de euros en facturas impagadas. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) solicitan al Gobierno que haga todo lo que sea necesario para que se cumpla el plazo de pago de 30 días que establece dicha  Directiva Europea.

Además, ATA recuerda que, a partir de hoy, cualquier cláusula que excluya el pago de intereses de demora o una cláusula que establezca plazos superiores a los establecidos (30 es la regla general y hasta un máximo de 60 días naturales para empresas que operan en el sector de la sanidad pública y ciertas empresas públicas) serán automáticamente nulas y/o darán derecho a un resarcimiento por daños y perjuicios (a determinar por cada Estado miembro).

«Era absolutamente necesario que se estableciese un régimen sancionador y se inhabilitasen las cláusulas que excluían el pago de intereses o ampliaban los periodos establecidos legalmente. De nada sirve la norma si se permite su incumplimiento, y al que la incumple, no se le aplica una penalización ejemplarizante”, afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.

La deuda de las administraciones públicas no es el único problema. Los organismos públicos incumplen también los 30 días de periodo medio de pago. De hecho, lo quintuplican, ya que tardan en pagar sus facturas, de media, alrededor de 148 días, periodo, que se eleva hasta los 154 días de media para los Ayuntamientos, que lamentablemente son las administraciones para las que mayoritariamente trabajan los autónomos. Por su parte, las Comunidades Autónomas pagan, de media, en 142 días, siendo la Administración Central la que más se acerca a lo que establece la Directiva, con una media de pago de las facturas de 47 días.

En el ámbito de la empresa privada, los plazos de pago se sitúan, de media, en 95 días, existiendo una relación directa entre el tamaño de la empresa y el tiempo de demora en cobrar las facturas: cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios que le ha prestado un autónomo. Así, mientas que la gran empresa, considerada esta la que cuenta con más de 1.000 trabajadores, tarda una media de 133 días en pagar las facturas, el periodo medio de pago entre autónomos desciende a los 67 días.

Por ello, y para intentar poner freno a un problema tan grave para el colectivo de autónomos como es la morosidad pública, responsable del cierre de una de cada cinco autónomos y empresas y de uno de cada cuatro parados, es imprescindible que se luche contra esta práctica y se obligue a cumplir con lo que establece la Directiva.

Los trabajadores autónomos piden al Gobierno que cumpla la promesa que realizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relativa a que el autónomo que tenga dificultades para cobrar una factura de una administración pueda acudir directamente a Hacienda para que se la paguen. Luego será el Estado quién le descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma de su participación en los ingresos públicos.

Además también consideran imprescindible que el Gobierno permita al autónomo compensar las deudas que tenga con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas que a su vez mantenga una administración con él; o bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. «La Directiva que hoy se aprueba es un gran avance y esperamos que esta vez se cumpla íntegramente y que el Gobierno sea el primero en velar por ello» concluye Lorenzo Amor.

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