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Multa de 3 millones a España por retrasar la reforma de la estiba

TJUE

Sede del TJUE en Luxemburgo

Bruselas pedía una sanción de 24 millones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España a pagar una multa de 3 millones de euros por el retraso en la aprobación de la reforma que liberaliza el sector de la estiba, una infracción por la que la Comisión Europea solicitaba una sanción de 24 millones de euros.

El Tribunal ha estimado que el incumplimiento que se imputa a España debe ser considerado «grave», ya que el incumplimiento persistió durante un «tiempo significativo» de 29 meses, desde que se produjo una primera sentencia en 2014 hasta que finalmente se tramitó la reforma.

La reforma fue finalmente aprobada el pasado mayo para cumplir con la normativa comunitaria, después de que el TUE fallara ya en 2014 que la legislación española para el sector contravenía las reglas europeas.

En sentencia de 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión y, más concretamente, del principio de libertad de establecimiento. En efecto, la normativa española entonces vigente imponía a las empresas de otros Estados miembros que deseasen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado.

Considerando que, al término de un plazo establecido en el 20 de septiembre de 2015, España no había adoptado aún las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2014, la Comisión decidió en 2016 interponer un segundo recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra dicho país solicitando la imposición de sanciones pecuniarias.

El 12 de mayo de 2017, España adoptó una nueva normativa, que entró en vigor el 14 de mayo de 2017, por la que se modificaba el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. La Comisión consideró que, al hacerlo, España había adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2014. En consecuencia, mantuvo su recurso en cuanto al pago de una cantidad a tanto alzado y al importe de ésta, pero desistió parcialmente de su recurso en lo relativo a la multa coercitiva.

La sentencia de hoy responde a un recurso presentado por la Comisión Europea contra España por no cumplir con aquella primera sentencia y en el que Bruselas propuso una multa a España de 27.522 euros hasta el momento en que se aprobara la reforma.

El Tribunal de Justicia considera que, si bien España ha demostrado su buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión durante el procedimiento administrativo previo, el incumplimiento que se le imputa persistió durante un período de tiempo significativo, puesto que transcurrieron 29 meses desde que se dictó la sentencia de 11 de diciembre de 2014 hasta que entró en vigor la nueva normativa por la que se adaptaba la legislación nacional a lo dispuesto en dicha sentencia.

El Tribunal de Justicia estima además que el incumplimiento debe considerarse grave, puesto que afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia considera oportuno condenar a España a abonar al presupuesto de la Unión una cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros.

El pasado viernes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, informó al Consejo de Ministros de que los sindicatos de estibadores y la patronal habían registrado en su Departamento el acuerdo que alcanzaron el 29 de junio para el mantenimiento del empleo en el sector de la estiba​.

El Ministerio de Fomento valora que el tribunal europeo haya reconocido que el Gobierno de España ha actuado de buena fe y con la máxima colaboración con la Comisión Europea (CE) para poner fin de forma definitiva a esta situación.

Además, el Gobierno se muestra satisfecho por la significativa reducción de la multa, aunque lamenta la falta de voluntad y de responsabilidad de los partidos políticos que no apoyaron la primera reforma de la estiba que el Gobierno llevó a convalidación el 16 de marzo al Congreso de los Diputados y que hubiese anulado el pago de cualquier multa.

En ese momento, España tenía una notificación de la Comisión Europea (CE) en la que subrayaba que, de aprobarse la reforma propuesta, no tendría que abonar la multa devengada hasta la fecha.

Sin embargo, el Gobierno se vio obligado a presentar una segunda reforma de la estiba que pudo ser convalidada finalmente en la Cámara Baja el 18 de mayo.

De no haber reformado el sector de la estiba, además del pago de una multa diaria de 27.522 euros, España habría tenido que abonar una sanción de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de diciembre de 2014. Gracias a la reforma diseñada por el Gobierno, el Reino de España ha conseguido evitar el pago de la multa de 134.107 euros.

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