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El TSJ de Canarias permite a Repsol seguir con los sondeos petrolíferos

Repsol

Así llevará a cabo Repsol los sondeos

Advierte que el Estado ha tenido en cuenta todos los riesgos y que la compañía petrolera ha adoptado las mismas medidas de seguridad que se exigen en las exploraciones del Mar del Norte, las más exigentes de todo el mundo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso del Gobierno de Canarias contra las prospecciones petrolíferas que Repsol está llevando a cabo a 50 kilómetros de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote.

En el auto dictado por la Sala presidida por Pedro Manuel Hernández Cordobés y compuesta por los magistrados Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego (Ponente), Jaime Guilarte Martín-Calero, María Del Pilar Alonso Sotorrio, Rafael Alonso Dorronsoro y Luis Helmut Moya Meyer, queda patente que no se puede adoptar la medida cautelar que pedía el Gobierno canario y que consistía en la suspensión de los sondeos exploratorios.

La administración autonómica invocaba la prevalencia del interés público medioambiental de las Islas Canarias pero los jueces contestan diciendo que, aún siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia de su sector turístico, pesquero y portuario, no se puede olvidar que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos de esta clase de recursos en áreas concretas.

Además, alegan los magistrados, el Estado ha evaluado los impactos y riesgos de la actividad, e incluso ha tenido en cuenta la opinión de hasta 32 organismos y entidades públicas y privadas, lo que revela a las claras que no se trató en ningún momento de sustraer el controvertido proyecto a la opinión pública.

Tanto es así, continúan los magistrados, que se contestaron alegaciones sobre justificación del proyecto, análisis de alternativas, riesgo geológico/sísmico, calidad de las aguas, espacios protegidos, fauna de interés, recursos pesqueros, turismo y aceptación social. Y no sólo eso, sino que una vez terminado el expediente con las alegaciones de unos y otros, se puso en conocimiento público.

El Gobierno canario invocaba también que el Gobierno no había tenido en cuenta a la hora de resolver y permitir los sondeos los efectos directos o indirectos del proyecto en la industria turística, eje principal de la economía de Canarias. A este respecto, el TSJ de Canarias advierte que el daño al turismo, que se alega con insistencia, resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe. Y en este punto, recuerdan los jueces que esto queda totalmente mitigado ya que el protocolo de seguridad que sigue la prospección de Repsol es el de la Directiva del Consejo de la Unión Europea adoptada sobre la seguridad de las operaciones de petróleo y gas en alta mar, las mismas que se exigen para las exploraciones en el mar Noruego, y que son las más avanzadas del mundo.

Por otra parte, dentro de ese plan de contingencias, el Estudio de Impacto Ambiental incluye un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que cuenta con todas las garantías en todas las instalaciones del proyecto y en todas las fases de exploración (antes, durante y después de la perforación).

Los magistrados argumentan que, por tanto, existe el máximo rigor en la aplicación de los sistemas de vigilancia y que no se ha descuidado en ningún momento la prevención del riesgo para un sondeo de duración limitado a un máximo de 180 días.

Por si esto fuera poco, los jueces aclaran que en la zona elegida para los sondeos no existen espacios protegidos declarados, y no se ha identificado ningún hábitat de interés comunitario en el estudio de fondo marino. Es más, las prospecciones están por ahora fuera de los lugares de la Red Natura 2000 y de los espacios naturales protegidos a nivel estatal, autonómico, comunitario e internacional.

Por todo ello, la Sala desestima la medida cautelar de suspensión de las prospecciones petrolíferas. Ahora, las partes tienen cinco días para recurrir la resolución.

El magistrado Luis Helmut Moya Meyer ha emitido un voto particular contrario a la decisión de la Sala

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