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El TS rechaza dejar los aeropuertos canarios fuera de la privatización de Aena

Paulino Rivero

Paulino Rivero no tiene suerte…

El Gobierno de Paulino Rivero no se merece el asesor jurídico que tiene.

El Tribunal Supremo (TS) acaba de «tumbar» un recurso interpuesto por el Ejecutivo canario contra la privatización de los aeropuertos de las islas en el que sostiene que la privatización parcial de Aena vulnera el Estatuto de Canarias, que prevé que las competencias sobre aeródromos pasen a la comunidad autónoma si el Estado deja de ejercerlas.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS destaca que, al haberse realizado ya la venta pública de acciones del 49% del capital de AENA –autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero y ofertada en febrero-, ya no se puede hacer nada.

El problema está en que el Gobierno de Canarias pidió una medida cautelar de exclusión de los aeropuertos de interés general ubicados en las islas del proceso de privatización del 49% de AENA de febrero cuando tenía que haber pedido la medida llamada cautelarísima de suspensión, que le permite la ley (artículo 135 de la Ley de lo Contencioso-administrativo), y que puede acordarse por el tribunal sin oír antes al resto de partes.

Esta medida está prevista para casos de especial urgencia. Sin embargo, el Gobierno canario, en su escrito de 2 de febrero, pidió la medida cautelar ordinaria, que prevé un plazo de hasta diez días a la Administración demandada para contestar a la petición cautelar.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo termina recalcando que el hecho de que sea imposible adoptar las medidas cautelares es la «consecuencia inevitable» de la legítima estrategia procesal del Gobierno de Canarias.

No es la primera vez que la asesoría jurídica del Gobierno canario pega un patinazo

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