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El pufo andaluz se mide en miles de millones de euros

Junta de Andalucía

El presidente, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, de la Junta de Andalucía

Se cumplen cien días del nuevo Gobierno andaluz

Andalucía es la región que menos ha progresado en los últimos 60 años

El Ejecutivo andaluz que salió de las urnas en diciembre del año pasado se ha encontrado con unas cuentas que reflejan que en los últimos diez años se han dejado sin ejecutar 26.923 millones de euros, que existen 2.988 millones en subvenciones sin justificar, 4.665 millones de dinero pendiente de cobro que la Junta no ha reclamado y 762 millones en condenas judiciales por mala gestión del Gobierno anterior. A ello se suma los 500.000 andaluces en lista de espera sanitaria que estaban ocultos o los 34.000 en lista de espera para la dependencia.

Solapar la importancia de estas megacifras, ofrecidas esta mañana por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ocupado parte de los primeros 100 días de Gobierno PP-Cs y del paquete de 21 medidas adoptadas para «poner en marcha el cambio en Andalucía».

A pesar de las adversidades, el Gobierno de Moreno Bonilla seguirá intentado «transformar la realidad social y económica de nuestra tierra». Desde que se formó, el Consejo de Gobierno andaluz se ha reunido en 14 ocasiones y ha adoptado 170 iniciativas.

Las últimas tienen que ver con la limitación a 8 años como máximo del mandato de un mismo presidente de la Junta de Andalucía y de sus consejeros, que perderán su aforamiento, al igual que los diputados del Parlamento; con el reconocimiento de la autoridad del profesorado y con mejorar la coordinación de las políticas migratorias en Andalucía.

Pero antes de estas nuevas propuestas el nuevo Ejecutivo ha encarado la corrupción en la región con medidas para proteger a los denunciantes de fraude y corrupción. Estos asuntos pasarán, cuando se apruebe la ley, por la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción, que podrá sancionar a los altos cargos que incumplan las normas sobre incompatibilidades. Asimismo controlará la legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.

Igualmente, el Ejecutivo andaluz trabaja ya en un proyecto de ley para despolitizar la Administración. También ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), cuyos trabajos han comenzado.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno aprobó en su primera reunión que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizara una auditoría sobre doce agencias públicas empresariales. Asimismo, se ha ordenado eliminar hasta 85 entidades instrumentales que contaban con recursos públicos y no se dedicaban a nada.

En el plano económico, se ha aprobado la ampliación a 24 meses de la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos y emprendedores en Andalucía; y ha creado una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural, que se aplicará durante 24 meses.

También se ha impulsado la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta la bonificación del 99% de la cuota. Asimismo, ha aprobado un decreto para poner en marcha una próxima bajada de los tipos en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El punto tres del pacto PP-Cs versa sobre la formación y el capital humano. El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan para combatir el abandono escolar temprano en Andalucía, que se sitúa en el 21,9%. Y no es ese el principal problema de la escuela andaluza, donde la violencia machista es palpable. Paralelamente, la nueva Ley Andaluza de Cualificación y Formación Profesional evitará que 140.000 alumnos se queden sin plaza pública, como ha ocurrido en los últimos cinco años.

En el último punto se encuentra la mejora de la calidad de la sanidad pública de Andalucía, que permitirá reducir de forma drástica y efectiva las listas de espera que escondían más de 500.000 andaluces sin cita. También se ha puesto en marcha un plan de choque para agilizar las listas de espera en materia de Dependencia. Dotado con 77 millones de euros pretende incorporar de manera gradual a las 110.447 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Puede leer aquí el documento de cumplimiento de las 21 medidas de los 100 primeros días del Gobierno del cambio

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