1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

Carmena recorta 173 millones para cumplir la regla de gasto

Manuela Carmena

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con su concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato

El Ayuntamiento de Madrid enmienda el Plan Económico Financiero aprobado en octubre y rechazado por Cristóbal Montoro y emprende la vía judicial “ante la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda de la regla de gasto”

El Ayuntamiento de Madrid retendrá créditos por valor de 173,6 millones de euros para cumplir con la regla de gasto.

En concreto, el equipo económico de Manuela Carmena ha comunicado al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro las medidas generales de ahorro de 127.178.824 euros correspondientes al Plan Económico Financiero presentado en el mes de octubre, más 45.878.285 euros retenidos en los capítulos 2 y 6 del Presupuesto.

Las medidas remitidas a Hacienda a última hora de ayer esperan cumplir con la resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 6 de noviembre de 2017.

Las partidas retenidas han “salido” del ahorro en adjudicación de licitaciones, que ascienden a más de 8 millones de euros. Es el caso, por ejemplo, del contrato de servicios para la actualización de la cartografía urbana de Madrid.

En lo referente a gastos de personal, se ha procedido a una retención de 17 millones procedente de plazas no cubiertas.

Respecto a las subvenciones, ayudas y servicios sociales municipales se ha procedido únicamente a retener partidas destinadas a las ayudas a familias para el pago del IBI: de las más de 40.000 cartas enviadas para ofrecer las ayudas de 2017, se ha recibido documentación para la obtención de esas ayudas de la que resulta que únicamente 1.800 solicitantes reúnen los requisitos necesarios.

En total, las medidas adoptadas ascienden al 3,3% del presupuesto y créditos definitivos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos de 2017.

Desde el consistorio aseguran que esto no impedirá realizar los proyectos comprometidos, quedando garantizadas todas las subvenciones, ayudas y servicios sociales municipales.

Aunque el Ayuntamiento de Carmena se “doblega” ante la Hacienda Pública para cumplir la regla de gasto, Carmena ha adelantado que “utilizará los requerimientos y/o recursos establecidos en la ley” para hacer frente a “la interpretación de la regla de gasto que hace el Ministerio de Hacienda “que no está contemplada en la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que difiere sustancialmente de la interpretación que el Ministerio ha venido haciendo hasta ahora”.

El “litigio” entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda tiene su origen en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de febrero de 2017 por el que fue aprobada la liquidación del Presupuesto 2016.

Dicha liquidación determinaba, según ha recordado esta mañana Manuela Carmena, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con un superávit de 1.022,3 millones de euros, un remanente de tesorería de 463,5 millones de euros y una reducción de la deuda en el año 2016 de 922 millones de euros. El ratio de deuda viva en relación a los ingresos corrientes liquidados se situó claramente por debajo del 110% en 2016, en concreto el 87,7%. Se cumplió también el plazo de pago a proveedores, ya que el período medio de pago medido fue de 10,2 días en diciembre de 2016. Son todos estos indicadores de estabilidad de acuerdo a la legislación vigente.

Hacienda rechazó este presupuesto porque incumplía la regla de gasto en algo más de 233 millones de euros y pidió al equipo económico de Carmena que formulase un Plan Económico Financiero (PEF).

El Ayuntamiento de Madrid formuló un PEF 2017/2018, que fue rechazado el pasado mes de abril como también lo fue el elaborado para 2016. El Ministerio de Montoro pidió la realización de Acuerdos de No Disponibilidad por un importe de 238.327.541,70 euros, que fueron aprobados por el Ayuntamiento a lo largo del mes de abril.

Tras una nueva comunicación del Ministerio, el pasado octubre el consistorio gobernado por Carmena aprobó la reformulación del Plan Económico Financiero 2017/2018, que contemplaba medidas de ahorro por valor de 127 millones.

Pero la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local denegó el día 6 de noviembre la aprobación definitiva del PEF –fue cuando Montoro “intervino” las cuentas municipales– y solicitó medidas de ajuste adicionales en 2017 de 238 millones de euros, que se sumarían a los 127 millones del PEF rechazado y a los 238 millones de los Acuerdos de No Disponibilidad de abril, correspondiendo estos últimos a la liquidación del presupuesto de 2016. Además requiere nuevas medidas de ahorro de algo más de 243 millones en 2018.

Este asunto ha traspasado el ámbito “local” y ha llegado al Congreso de los Diputados, donde Unidos Podemos ha impulsado una Proposición de Ley para modificar la regla de gasto incluida en el artículo 12 de la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aprobada en 2012.

La iniciativa, elaborada en colaboración con los ayuntamientos de Madrid, Ferrol, Cádiz, Zaragoza, Valencia, Oviedo y Barcelona, todos “podemitas”, pretende que aquellos ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera puedan reinvertir su superávit fiscal.

Concretamente, la modificación permitiría eximir del cumplimiento de la regla a los municipios que mantengan un equilibrio presupuestario, es decir, un nivel de endeudamiento inferior al 110% de los recursos corrientes y un plazo medio de pago de proveedores inferior a los 30 días.

El responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, defendió durante la presentación de la iniciativa que el ayuntamiento de Madrid cumple la legislación vigente “haciéndolo compatible con un crecimiento enorme de la inversión, superior al 102%, y del gasto social, superior al 74%”.

El también responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, aprovechó la rueda de prensa convocada para presentar la iniciativa para acusar al Gobierno del PP de “imponer” la regla de gasto “por interés netamente político”.

Sánchez Mato confía en que la iniciativa salga adelante y que sirva para que “vuelva el sentido común a la legislación de este Estado” y para que “el dinero de la gente, ese que los ayuntamientos han recaudado de los impuestos que esa gente paga, se destine a sus necesidades, a las sociales y a las de inversión”.

Y a preguntas de los periodistas dijo que la regla de gasto “no es más que un termómetro para ver si funciona la estabilidad presupuestaria”, por lo que tiene que dejar de aplicarse a los “muchísimos ayuntamientos como el de Madrid, que mantienen unos superávits presupuestarios descomunales -en Madrid, 1.022 millones de euros en 2016- y que reducen la deuda”. Según el concejal, “en ese tipo de corporaciones locales carece de sentido la limitación que impone la regla de gasto”.

Tags: , , , , ,