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Blesa sale de la cárcel de Soto del Real tras pagar una fianza de 2,5 millones

Miguel Blesa

Miguel Blesa (lamarea)

Entro en prisión ayer por la compra del City National Bank of Florida mientras era presidente de Caja Madrid, entidad «a la que llevó al colapso», según el juez, que le impuso una fianza de 2,5 millones

Blesa justifica  la adquisición del banco porque contaba con la autorización expresa del Banco de España

El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa ya ha salido de la cárcel de Soto del Real donde ingresó anoche, después de que el juez Elpidio José Silva decretara su prisión provisional, eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros, ante el «innegable riesgo de fuga». Silva imputa al que fuera presidente de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera del país entre 1997 y 2010, por un delito societario de administración desleal o de apropiación indebida en concurso con otro de falsedad de documento público.

Tras tomarle declaración durante tres horas por la compra del City National Bank of Florida en 2008, el juez decretó el ingreso en prisión de Blesa en un auto en el que apunta la existencia de «indicios racionales de responsabilidad criminal» y le acusa de «conducir al colapso» a Caja Madrid. El juez instruye la investigación de la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid a Marsans. Ambos casos están relacionados por la denuncia del sindicato Manos Limpias sobre la compra del banco de Miami.

En 2008, Caja Madrid anunció la compra del 83% del City National Bank of Florida por 927 millones de dólares (unos 618 millones de euros) y posteriormente se hizo con el 100% de la entidad aportando otros 190 millones de dólares (unos 127 millones de euros). A juicio del magistrado, «no se entiende» por qué Blesa fraccionó el pago y «menos aún por qué en tan poco tiempo sufrió tal merma de valoración«, así como una operación en unos momentos en los que «resultan indiferentes tales cualidades de optimización bancaria». Según el juez, Blesa no ha explicado «en qué condiciones y bajo qué presupuestos de estrategia se estudió la captación de depósitos en un nicho de mercado nuevo para Caja Madrid», lo que califica de «conducta aberrante».

Según un informe remitido por el Banco de España, la operación implicó pérdidas de 500 millones de euros. «Bajo una apreciación causal, la conducta del imputado ha podido ocasionar directamente daños y perjuicios severos a la entidad que presidía», dice el magistrado. Blesa justificó ante el juez la adquisición del banco porque contaba con la autorización expresa del Banco de España y con informas favorables de analistas de la oficina de Miami, donde la caja tenía una sucursal desde el año 2000.

Silva justifica la prisión y la elevada fianza impuesta a Blesa porque considera que no se trata de un «proceder esporádico» y que su puesta en libertad podría dar lugar a la «ocultación, alteración o destrucción de pruebas». Insiste en su auto que Blesa pudo poner «en relativo riesgo sistémico a Caja Madrid en el contexto de la crisis económica ya más que previsible» y le atribuye una «ausencia total de la mínima diligencia en la gestión y destino proyectado para los fondos de Caja Madrid», lo que, unido a la crisis, «posiblemente condujo al colapso» de la entidad. «Aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder» de Miguel Blesa, sentencia.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite tres querellas presentadas por el FROB contra la antigua cúpula directiva del Banco de Valencia y algunos empresarios, principalmente constructores, clientes de la entidad, por la concesión de créditos presuntamente irregulares. El perjuicio patrimonial causado ronda los 500 millones de euros.

La primera querella va dirigida al ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra; al ex presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, al empresario Joaquín Ruiz Jarabo y como partícipe a título lucrativo al expresidente del valencia CF, Juan Bautista Soler. La segunda querella implica a Parra y Soler, además de al director de participaciones inmobiliarias del banco, Alfonso Monferrer; a los empresarios Salvador Vila y Fernando Polanco, al notario Carlos Pascual y a Teresa Villalba. En la tercera se acusa a Parra, a Monferrer y a Bartolomé Cursach.

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