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Airbnb gana una importante batalla judicial a los hoteles

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Algunas de las «ofertas» de Airbnb en París

La empresa irlandesa es una plataforma digital que presta un servicio de la sociedad de la información y no un agente inmobiliario

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, considera que Airbnb presta un servicio de la sociedad de la información que únicamente consiste en poner en contacto a anfitriones (profesionales y particulares) que disponen de alojamientos en alquiler y a personas que buscan este tipo de alojamiento.

La opinión del letrado del TJUE, aunque no vinculante, es una victoria en toda regla de la compañía irlandesa contra las empresas hoteleras, que acusan a Airbnb de intrusismo y de competencia desleal, entre otras cosas.

Concretamente, fue la Asociación para el Alojamiento y el Turismo Profesional (AHTOP) de París la que en marzo de 2017 presentó ante el tribunal europeo una escrito de acusación contra la compañía con sede en Dublín «por incumplir la ley (denominada «Ley Hoguet») que regula las actividades relativas a la actividad de agente inmobiliario».

Ante el dilema planteado el Tribunal de Primera Instancia de París presentó una cuestión prejudicial «para aclarar si las prestaciones realizadas en Francia por Airbnb a través de una plataforma electrónica explotada desde Irlanda están amparadas por la libre prestación de servicios establecida en la Directiva sobre el comercio electrónico y si se pueden oponer a dicha sociedad las normas restrictivas relativas al ejercicio de la profesión de agente inmobiliario en Francia, establecidas en la Ley Hoguet».

Según Szpunar, Airbnb no ejerce como agente inmobiliario. En primer lugar, el Abogado General subraya que el TJUE ya cuenta con jurisprudencia sobre servicios mixtos como el prestado por Airbnb. Por ello, propone al Tribunal de Justicia que avale que «es un servicio consistente en poner en contacto, a través de una plataforma electrónica, a potenciales arrendatarios con arrendadores que ofrecen alojamiento de corta duración en una situación en la que el prestador de ese servicio no ejerce control alguno sobre las modalidades esenciales de dichas prestaciones, lo que constituye un servicio de la sociedad de la información». Y puntualiza que el hecho de que Airbnb ofrezca también otros servicios materiales «no impide calificar el servicio prestado por vía electrónica de servicio de la sociedad de la información, siempre que este último servicio no forme un todo indisociable con esos servicios».

Sobre la posibilidad de oponer la Ley Hoguet a Airbnb Ireland, Maciej Szpunar estima que «un Estado miembro puede establecer excepciones a la libre circulación de servicios de la sociedad de la información mediante medidas adoptadas «caso por caso». Por ello señala que, en cualquier caso, corresponde al juez nacional determinar si las medidas en cuestión son necesarias para garantizar la protección del consumidor.

En paralelo, recuerda Szpunar que «un Estado miembro que prevea adoptar medidas que restrinjan la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información procedentes de otro Estado miembro debe notificar previamente su intención a la Comisión y solicitar al Estado miembro de origen que adopte medidas en materia de servicios de la sociedad de la información».

A este respecto, apunta que Francia no ha solicitado a Irlanda que adopte medidas en esta materia y que parece que tampoco ha cumplido el requisito «previo» de notificación a la Comisión, ni durante ni después del período de transposición de la Directiva. En conclusión, considera que «la falta de notificación implica no poder oponer una medida al prestador de dichos servicios».

Por lo tanto, el Abogado General considera que la Directiva se opone a que un Estado miembro pueda restringir, en esas circunstancias y de ese modo, la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información procedentes de otro Estado miembro.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

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