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5 estibadoras y 5 sindicatos, multados por restringir la competencia en Vigo

Bergé Marítima

Una grúa de Bergé Marítima, multada con casi 1,5 millones de euros

Prohibieron las labores de embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular a trabajadores que no fueran estibadores de la SAGEP

Las sanciones impuestas a las cinco empresas se elevan a 2,911 millones, mientras que las de los cinco sindicatos alcanzan los 531.000 euros

Cinco empresas estibadoras y cinco sindicatos han sido sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar acuerdos que restringían la competencia en el Puerto de Vigo, encarecían los precios y le hacían perder competitividad.

Los multados impedían con sus tejemanejes el embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular y la recepción y entrega de mercancías por parte de trabajadores que no fueran estibadores.

Todo ello en contra de la legislación aplicable, que otorga libertad a las empresas para  decidir la composición de su fuerza laboral en las actividades excluidas del régimen de la estiba.

Las empresas sancionadas son Berge Marítima, que tendrá que pagar 1,480 millones de euros; Terminales Marítimas de Vigo (700.000 euros); Pérez Torres Marítima (490.000 euros); Líneas Marítimas Españolas (199.276 euros); y Estibadora Gallega (multada con 42.412 euros).

Junto a las Compañías, la Comisión multa a los sindicatos Comisiones Obreras -CCOO- con 170.000 euros; la UGT (170.000 euros); la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios de Vigo-SAGEP (100.000 euros); la Confederación Intersindical Galega, la CIGA (70.000 euros), la CGT (20.000 euros); y la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios – Organización de Estibadores del Puerto de Vigo, multada con 1.000 euros.

La CNMC conoció de estas prácticas abusivas después de que la Autoridad Portuaria de Vigo, que previamente se había dirigido a Puertos del Estado, denunciase el acuerdo extraestatutario alcanzado entre empresas y sindicatos.

Tras investigar la trama, el organismo regulador ha concluido que los acuerdos suscritos en 2010 y 2013 son «colusorios y anticompetitivos» y tipificados como una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Se trata, por tanto, de una infracción muy grave (art. 62.4.a de la LDC).

Gracias a esos acuerdos excluían del embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular y la de recepción y entrega de mercancías a cualquier trabajador que no fuese personal de la SAGEP de Vigo.

La CNMC destaca en su resolución que en este caso no se trata de acuerdos que regulan condiciones laborales, sino del intento de extender una reserva legal (la actividad de la estiba) a ámbitos en que no son de aplicación porque están liberalizados.

De esta manera, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS) español, los acuerdos examinados no pueden considerarse convenios colectivos, dado que no regulan las condiciones laborales de los trabajadores de SAGEP sino la organización interna de las empresas estibadoras.

Mediante sus acuerdos se impedía que estas empresas estibadoras decidieran de forma independiente su organización interna y los trabajadores que podían contratar para desarrollar los servicios que prestaban en el puerto. En especial, la carga y descarga de vehículos de motor, servicio que no está reservado a los estibadores. Además, esta limitación constituía un obstáculo para la prestación de servicios portuarios básicos por parte de empresas distintas de las firmantes del acuerdo y por trabajadores que no fueran estibadores.

La CNMC considera que dichos pactos tampoco son un acuerdo interno de la SAGEP, decidido exclusivamente entre sus accionistas (empresas estibadoras) y los empleados representados en el comité de empresa. Por el contrario, se trata de un acuerdo entre empresas independientes que compiten entre sí (las empresas estibadoras accionistas de la SAGEP) que deben decidir su organización autónomamente y al que se sumaron los sindicatos y la Autoridad Portuaria de Vigo. Los acuerdos no regulaban las condiciones laborales de los trabajadores de SAGEP sino que limitaban la organización interna de empresas competidoras y los servicios que podrían prestar trabajadores no incluidos en SAGEP.

Hay que recordar que en 2009 la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sancionó un acuerdo similar (IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria) entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) y varios sindicatos: Confederación Intersindical Galega (CIG), Coordinadora estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y Laginle Abertzaleen Batzordeak (LAB).

En la revisión judicial de esta resolución sancionadora tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo confirmaron la infracción declarada al considerar que el «IV Acuerdo» desbordaba el marco estrictamente laboral de los convenios colectivos. El motivo fue que extendía su ámbito aplicativo subjetivo y funcional a actividades complementarias realizadas por empresas no estibadoras. Tal como sucede en los acuerdos ahora sancionados, el «IV Acuerdo» también incluía cláusulas que tenían por objeto restringir la competencia en el mercado de los servicios portuarios complementarios que afectaban a todos los puertos de interés general en beneficio de las empresas de estiba.

Contra esta Resolución de la CNMC no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

En los últimos 32 años se ha producido una progresiva liberalización del régimen regulador de la estiba:  Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de buques. Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003. Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), aprobado mediante Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Las barreras subsistentes durante el propio proceso de liberalización, que imponían a otras empresas europeas la obligación de inscribirse en una SAGEP, participar en su capital y contratar prioritariamente a sus trabajadores, provocaron la apertura de un procedimiento de infracción de la UE (2009/4052) al Reino de España que terminó en una sentencia del TSJUE de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C-576/13).

En cumplimiento de dicha sentencia se aprobó el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modificó el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, consagrando el principio de libertad de contratación. 

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