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El juez Toro condenado a tres años de inhabilitación especial

José Luis Sáez

El juez ahora inhabilitado vulneró los derechos de José Luis Sáez (Foto: FEB)

Por un delito de prevaricación imprudente al «ventilar» información sobre un sumario abierto contra el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto

Juan Antonio Toro no podrá obtener durante esos tres años empleo o cargo público en el ámbito de la administración de justicia que conlleve el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno judicial

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha condenado a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al magistrado Juan Antonio Toro por la comisión de un delito de prevaricación imprudente en concurso con un delito de revelación de secretos.

La condena, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, incorpora la pérdida del cargo de magistrado así como la imposibilidad de obtener durante esos tres años empleo o cargo público en el ámbito de la administración de justicia que conlleve el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno judicial.

Como se recordará, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid, fue juzgado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusado de haber facilitado información de una causa a quien no era parte en el procedimiento penal y divulgando posteriormente en un medio de comunicación ciertos documentos que formaban el sumario.

Toro filtró información acerca de una investigación abierta sobre el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto José Luis Sáez y su segundo, Luis Giménez, a los que acusaba de apropiación indebida y administración desleal por el presunto desvío de fondos de la FEB para gastos particulares. En enero de 2017 Toro autorizó entregar una copia de las diligencias a José Luis Escañuela, ex presidente de la Federación Española de Tenis, que nada tenía que ver en la causa.

La publicidad de las actuaciones judiciales, recuerda la resolución, si bien alcanza su plenitud en el juicio oral, encuentra limitaciones justificadas durante la fase de instrucción. Estas limitaciones no solo afectan a cualquier persona, sino también a las propias partes cuando, por razones de justificación, se declara el secreto formal reforzado del sumario.

Tras analizar las circunstancias en las que de produjo la «filtración», los magistrados del TSJ de Madrid concluyen que los hechos exceden lo que pudiera ser una falta disciplinaria de revelación de datos y alcanzan la naturaleza del delito de prevaricación judicial. Porque Toro, según los jueces incurrió en resoluciones «manifiestamente injustas».

En esta conducta reside la base del delito de prevaricación, teniendo en cuenta, explican, que para que una decisión judicial –por su injusticia-, entre en los límites del delito de prevaricación, se exige que sobrepase de manera indiscutible y de todo punto injustificable los cánones de aplicación aceptable del derecho por el juez.

En el presente caso, dicen los magistrados, lo que se ha enjuiciado y se califica como delito de prevaricación es una vulneración del deber legal-procesal de reserva o secreto de las actuaciones judiciales penales en la fase de instrucción, por cuanto el contenido de unas diligencias previas se entregó a quien no era parte en ellas, y por lo tanto conoció lo que no tenía derecho a conocer.

La forma de proceder del magistrado, analizada en su conjunto, es indudablemente descuidada, pues se omitieron los más elementales deberes de comprobación y verificación del sustento de lo pedido, del objeto de lo pedido y de las limitaciones que se cernían sobre tal solicitud por razones de falta de personación.

los jueces entienden que en este caso la prevaricación colma las exigencias del tipo imprudente, descartándose esa expresa mala intención de la que acusaban al juez ahora suspendido las acusaciones y que alguna ha pretendido sobredimensionar refiriéndose a una supuesta trama de enemistades y venganzas.

En este sentido, los jueces señalan que no pueden admitir, desde la imparcialidad constitucional a la que están obligados como Tribunal, descalificaciones fundadas en hipótesis que no se encuentren respaldadas por las pruebas practicadas en juicio, por lo que rechazan asimismo las solicitudes de responsabilidad civil.

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