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Condenan a los ex jugadores del Arandina a 38 años de prisión

"No es no"

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Por la violación de una menor en noviembre de 2017

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a cada uno los ex jugadores de la Arandina acusados de violar a una menor de 16 años [1] a las penas de 38 años de prisión (14+12+12) por un delito de agresión sexual con acceso carnal en forma bucal cometido en noviembre de 2017 en la vivienda que compartían.

Además, prohibe que se comuniquen por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, con la víctima y acercarse a su domicilio, colegio y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, a una distancia inferior a 1.000 metros y durante un periodo de 15 años.

El tribunal aprecia la existencia de intimidación ambiental por el hecho de que Carlos Cuadrado, Lucho, de 24 años; Víctor Rodríguez, Viti, de 22, y Raúl Calvo, de 19, actuaron sobre la víctima en el piso de éstos, con la luz apagada y por sorpresa, sin que la menor pudiera reaccionar debido a la diferencia de edad y complexión física de los acusados.

En cuanto al testimonio de la menor, que fue diferente al relatar los hechos a sus conocidos por influencia de las redes sociales, se aprecia credibilidad a su versión en cuanto refiere que no realizó los hechos voluntariamente.

Asimismo, el juez también considera probado que los acusados conocían que la denunciante tenía menos de 16 años, iba al colegio con uniforme y acompañada por su madre porque otros testigos se lo habían dicho.

Cada uno de los acusados es condenado como autor por los hechos realizados por el mismo y como cooperador por lo realizado por los demás. En cambio, se les absuelve del delito de proposición de actividades sexuales; y a uno de los acusados, por su madurez similar a la de la víctima (conforme al informe psicológico) y falta de corroboración, del delito de agresión sexual continuada por el que se acusaba.

Se fija una indemnización de 50.000 euros de la cual responderán en forma conjunta y solidaria todos los acusados. Asimismo, se imponen medidas de prohibición de comunicación con la víctima y también libertad vigilada durante 10 años. El máximo cumplimiento de la pena de prisión se fija en 20 años, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Los posibles recursos serán resueltos por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.