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Hasta 8 años de prisión para 9 de los 11 acusados del ‘caso Osasuna’

Ángel María Vizcay

El ex gerente de Osasuna Ángel María Vizcay, en una imagen de RTVE

Es la primera sentencia condenatoria por el delito de corrupción deportiva en España

La condena más grave es la impuesta al ex gerente Ángel Vizcay, a quien impone un total de 8 años y 8 meses de prisión

La Liga celebra que la Audiencia Provincial de Navarra haya resuelto que las ‘primas a terceros por ganar’ son delito

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a Ángel Vizcay, Miguel Archanco (ex presidente del Osasuna), Juan Antonio Pascual, Jesús Peralta, Sancho Bandrés, Cristina Valencia, Albert Nolla, Antonio Amaya y Xabier Torres en el denominado ‘caso Osasuna’.

En la que es la primera sentencia de condena sobre corrupción deportiva dictada en España las penas impuestas por delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva oscilan entre los 8 años y 8 meses de prisión que se imponen al ex gerente del club, Ángel Vizcay, la de un año de prisión para los futbolistas Antonio Amaya y Xabier Torres por el delito de corrupción deportiva, y los nueve meses de prisión impuestos a los inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y que ha sido dictada en menos de dos meses desde que terminó el juicio, absuelve a Diego Antonio Maquirriain y a Jordi Figueras.

En cuanto al ex presidente del equipo, Miguel Archanco, la sentencia le condena por un delito continuado de apropiación indebida, por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable y por un delito de corrupción deportiva a 7 años y 7 meses y al pago de más de 900.000 euros.

A los dos ex jugadores del Real Betis Antonio Amaya y Xabier Torres les condena por un delito de corrupción deportiva a las penas de un año de prisión y dos años de inhabilitación para jugar al futbol profesional y 900.000 euros de multa.

La sentencia impone igualmente a los condenados la obligación de indemnizar al Club Atlético Osasuna en la cantidad de 2.340.000 euros importe a que asciende la salida irregular de fondos durante las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 del club.

La tres magistradas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial imponen mayores penas al entonces gerente del club, Ángel María Vizcay, al incluir en su condena por el delito continuado de apropiación indebida el préstamo de 600.000 que obtuvo de un particular.

Además lo consideran único responsable del delito de falsedad cometido en la temporada 2013/2014 con la elaboración del contrato falso con la entidad portuguesa Flefield y la creación de tres facturas simuladas para cuadrar el  descuadre de la citada temporada. La sentencia da por probado además que Vizcay falseó dicho contrato haciendo constar en él una firma que aparentaba ser la del ex presidente Archanco.

Sin embargo le benefician con la atenuante analógica de confesión porque su declaración ante la Liga de Fútbol Profesional y mantenida durante el juicio fue determinante para poder investigar los hechos y sustentar la condena por este delito.

Entiende la Audiencia que ha quedado probado que los condenados, miembros en aquella época de la Junta Directiva del Osasuna, acordaron primar a los ex jugadores del Real Betis Antonio Amaya y Xabier Torres para alterar los resultados de la competición pagando un total de 650.000 euros por incentivar su victoria ante el Real Valladolid en la jornada 37 de la temporada 2013/2014 y dejarse ganar en el partido que les enfrentó contra Osasuna en la jornada 38.

En relación a la gestión del club la sentencia considera acreditado que durante las temporadas enjuiciadas los condenados hicieron un uso y abuso consciente de los fondos del club incumpliendo las obligaciones que les imponían los estatutos del mismo, haciendo un uso indebido de las cuentas mediante extracciones de dinero injustificadas, así como del dinero en efectivo que se manejaba y que procedía de las ventas de tienda, taquillas y abonos.

La cantidad total defraudada que se ha podido probar asciende a 2.340.000 euros: 900.000 euros correspondientes a la temporada 2012/2013 y 1.440.000 euros de la temporada 2013/2014. Además, se considera probado que Ángel Vizcay dispuso de 600.000 euros. No ha podido determinarse el destino del dinero, excepto las cantidades que se emplearon para el amaño de los dos partidos.

Las falsificaciones de ambas temporadas tenían como finalidad cuadrar las cuentas. En la temporada 2012/2013 el descuadre fue de 900.000 euros y para ello se acudió a los inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, quienes firmaron un recibí por esa cantidad simulando tener por objeto actividades inmobiliarias inexistentes.

En la temporada 2013/2014 el descuadre de las cuentas del club ascendía a 1440.000 y por eso se creó el falso contrato con la entidad portuguesa Flelfield y tres facturas falsas. La creación de estos documentos con la entidad portuguesa se realizó cuando la junta directiva ya había dimitido y estaba ya la junta gestora. La sala considera que fue Vizcay quien creó los mismos para cuadrar las cuentas de esta temporada y obtener así el informe favorable de auditoría.

La absolución de Diego M. por el delito de apropiación indebida se fundamenta en la falta de prueba sobre que realmente conociera el destino indebido de la cantidad de 400.000 euros que trasladó de Pamplona a Sevilla y que se utilizó para pagar a los dos jugadores del Betis. Asimismo, considera la sentencia que no cabe su condena como cooperador necesario en el delito de corrupción deportiva porque ya se había consumado en el momento del traslado del dinero.

En relación al delito de corrupción deportiva la sentencia concluye que hubo un acuerdo entre los miembros de la Junta condenados y el gerente del club con los dos jugadores del Real Betis, no solo para incentivar su victoria ante el Real Valladolid sino para que se dejaran ganar en el último partido de Liga que les iba a enfrentar a Osasuna, tratándose por tanto de un acuerdo global.

La sala, que ya adelantó la absolución de Jordi Figueras, razona que no hay pruebas que permitan concluir  que el citado jugador participó en los hechos que fundamentan la condena por corrupción deportiva.

La sentencia concluye que en el precepto penal que fundamenta la condena, el artículo 286 bis, apartado cuarto del Código Penal se incluyen las denominadas ‘primas a terceros’. Así se fundamenta tras un estudio exhaustivo estudio del mencionado artículo y de normas europeas e internacionales sobre el tema.

Se argumenta que el ofrecimiento de cantidades o beneficios a un club por ganar un encuentro busca una ventaja propia pero además  produce una serie de efectos concatenados como son, entre otros,  el perjuicio de otros equipos que dependen de esos resultados de terceros  y los perjuicios económicos derivados de las apuestas o quinielas. Los incentivos económicos por parte de un tercer club a otro para fomentar un resultado positivo influyen en la competición.

Consideran además que los argumentos que se han dado para considerar no punibles penalmente las primas a terceros  parten  de una permisividad social hacia  mismas que es independiente de que estén previstas como delito.  Recuerda la sentencia que obligación del deportista no se refiere simplemente a “salir a ganar” sino a asegurar que el resultado deportivo se produzca conforme a las normas previas mutuamente conocidas y aceptadas, sin condicionantes externos no incluidos en las reglas que rigen la correspondiente disciplina deportiva.

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