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La SGAE aplaza su asamblea general hasta 2020

SGAE

Pilar Jurado, presidenta de la SGAE

Para garantizar la seguridad jurídica tras el requerimiento del Ministerio de Cultura, que en un escrito obliga a la Sociedad de Autores a incumplir sus estatutos, según los cuales pedir la baja acarrea la pérdida del derecho al voto en la Asamblea General Extraordinaria

La SGAE considera que el departamento dirigido en funciones por José Guirao se extralimita en sus funciones de tutela

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acordado por amplia mayoría (treinta y dos votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra) aplazar la Asamblea General Extraordinaria, prevista para el próximo 15 de octubre, hasta comienzos del año 2020.

La decisión, tomada este martes, se ha tomado tras el último requerimiento de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, a petición de un socio de la SGAE que representa a tres editoriales multinacionales.

Tras escuchar a sus servicios jurídicos, la Junta Directiva ha determinado que la Asamblea General Extraordinaria, en la cual se iban a votar los nuevos Estatutos que fueron rechazados el pasado mes de junio, se celebraría sin garantías jurídicas dada la “paradoja” legal generada por el requerimiento de Cultura.

Según los abogados, la SGAE se enfrentaba a una contradicción: no cumplir sus estatutos vigentes -cuyo artículo 27 establece que los socios que hayan solicitado la baja pierden su derecho a voto- podría llevar a una impugnación de la Asamblea por parte del resto de los socios; mientras que cumplirlos podría desencadenar acciones por parte del Ministerio de Cultura de graves consecuencias para la entidad, tal y como se desprende de su escrito.

Al aplazarse la Asamblea General Extraordinaria a principios de 2020, quienes finalmente no hayan ejecutado la baja en el último semestre de 2019 seguirán formando parte de la entidad. La Junta disipa así cualquier duda en relación a los derechos legal y estatutariamente reconocidos a los socios de SGAE.

Con su decisión, la directiva encabezada por Pilar Jurado pretende evitar la situación de inseguridad jurídica generada por el requerimiento del Ministerio, salvando cualquier riesgo de que la votación de los nuevos Estatutos pudiera ser declarada nula, ya que la aprobación de los mismos es de vital trascendencia para la entidad por suponer la adaptación de sus Estatutos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

El equipo de Jurado estudia la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo contra el nuevo requerimiento de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, por considerar que dicho requerimiento empuja a la entidad a incumplir el artículo 27 de los Estatutos, que la entidad considera legal y ajustado a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones. Otro de los argumentos jurídicos en los que se basará el recurso es la supuesta injerencia del Ministerio, al considerar que con el citado requerimiento ha excedido sus competencias de tutela.

En este proceso, la entidad cuenta con el asesoramiento del letrado José Ángel Castillo, magistrado en excedencia y socio y codirector del departamento de Derecho Público del despacho de abogados Aguayo-Ejaso, el mismo que presentó las alegaciones a la petición de intervención judicial por parte del Ministerio de Cultura este mismo año, intervención que fue denegada por la Audiencia Nacional. 

 

Según el criterio “estrictamente jurídico” de Castillo, “este requerimiento incurre en una extralimitación de las funciones de tutela y fiscalización que la Ley de Propiedad Intelectual le atribuye al Ministerio de Cultura en relación a la SGAE y, además, afecta al poder de auto organización de una asociación privada”.

Más allá de los argumentos legales, la directiva de la SGAE lamenta que desde el Ministerio de Cultura no se esté adoptando una posición neutral y respetuosa con sus procesos. Por un lado solicita que apruebe con urgencia los nuevos Estatutos y por otro dificulta que lo haga con normalidad, reprochan desde la SGAE. A pesar de todo y para tranquilidad de sus socios, la Sociedad General de Autores y Editores insiste en proteger su derecho a una Asamblea General Extraordinaria con garantías y reitera su compromiso con los autores y con la gestión colectiva de sus derechos frente a la globalización y el auge de lo digital.  

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