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El Supremo vuelve a impedir a la SGAE ‘explotar’ los conciertos

APM

Los promotores de la APM llevan luchando muchos años contra la SGAE

Una nueva sentencia señala que la Sociedad General de Autores y Editores no puede cobrar un 10 por ciento de canon por los conciertos

En 2014 la Comisión Nacional de la Competencia negó a la SGAE cobrar el 10% de la taquilla de los conciertos

En mayo de 2016 el Supremo impidió a la sociedad seguir cobrando el canon en favor del interés general

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia contra la SGAE al confirmar la multa de 3,1 millones de euros que en 2014 le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por establecer tarifas abusivas en los conciertos (un 10% de los ingresos por entrada).

Para la Asociación de Promotores Musicales (APM), que denunció en 2005 estas malas prácticas y es parte implicada en este litigio, la respuesta al recurso de casación de la SGAE era «intrascendente». Sobre todo, según el presidente de APM, Albert Salmerón, «en relación al conflicto abierto respecto a la tarifa, que sigue siendo abusiva y que SGAE situó de manera unilateral en el 8,5%, sin llegar a un acuerdo con los promotores».

Los promotores ya demostraron en su día ante los tribunales la injusticia cometida por la sociedad de autores español con ellos. «En los países anglosajones, de donde procede la mayor parte de la música extranjera que se interpreta en conciertos en España, el canon de autores va desde un mínimo del 0,15% de Estados Unidos al 3% del Reino Unido. Por la misma licencia para un concierto en España a ese mismo autor americano o británico, los españoles le pagábamos un 10% de la taquilla, hasta que la CNMC impuso el 8,5%».

Con este recurso, lo que pretendía la SGAE era recalcular la multa impuesta por la CNMC a la baja. Para ello, argumentaban que el cálculo debía hacerse solo a partir del margen que se queda la entidad una vez repartida la tarifa total entre sus miembros, mientras que para los promotores los ingresos de la SGAE son, en definitiva, los pagos que ellos mismos han efectuado en concepto de canon.

Gabriel Rossy, abogado de APM, explica que lo que fue realmente trascendente fue la resolución de la CNMC. «Las conductas abusivas de la SGAE (en especial, la tarifa) quedaron resueltas al confirmarse la resolución por parte la Audiencia Nacional y después de que el Tribunal Supremo rehusara enjuiciar el fondo de esta sentencia, limitando el objeto del recurso de casación a la determinación del importe de la multa», detalla.

La APM es la principal representante de la industria de la música en vivo en España. Sus socios representan al 80% de los promotores privados del país, y son los responsables de las principales giras nacionales e internacionales y festivales que se celebran. El conjunto de sus socios son responsables de unos 4.800 conciertos al año, con una audiencia global de 7,5 millones de espectadores y un volumen de negocio que llega a los 262 millones de euros de facturación.

Esta sentencia podría afectar a las pretensiones de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que el pasado 22 de marzo consiguió que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI) admitiese a trámite su solicitud para determinar las tarifas de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) para establecimientos hoteleros.

En España, los hoteles y otros establecimientos de hostelería que instalan aparatos de televisión en sus habitaciones y zonas comunes se ven obligados a pagar las tarifas «injustas» que imponen las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Con algunas han llegado a acuerdos para fijarlas pero no con la EGEDA, a quien tanto la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (años 2000 y 2012) como el Tribunal Supremo (sentencias de 2006 y 2017), han reprochado el abuso de posición de dominio al establecer tarifas desproporcionadas y al llevar a cabo una estrategia negociadora abusiva.

Tras aceptar la SPCPI la solicitud de determinación de tarifas presentada por la CEHAT, el sector hotelero español mantiene la esperanza de que «de una vez por todas se fijen tarifas justas, equitativas y razonables por el único organismo neutral e independiente que hoy en día tiene capacidad para ello».

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