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Inspeccionan la plataforma Castor y verifican que no hay actividad

Guardia Civil

Un Guardia Civil habla con un técnico de la plataforma

La Guardia Civil inspeccionó ayer la plataforma del almacén subterráneo de gas natural Castor para «comprobar el funcionamiento de la planta» y constatar que no hay actividad.

La acción se produjo horas después de que la Fiscalía de Castellón decidiese abrir una investigación penal para esclarecer las causas del creciente número de seísmos registrados en la zona durante las últimas semanas, el más intenso de magnitud 4,2 en la escala de Richter. En la jornada de ayer se registraron una veintena de pequeños seísmos, dos de ellos con una intensidad de 3,7 y 3,5.

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Hom, ha anunciado que el Govern emprenderá acciones legales para investigar los seísmos y su eventual vinculación con el proyecto Castor, tal y como ya ha hecho la Fiscalía de Castellón. También lo hará la Generalitat valenciana, que exigirá responsabilidades si se demuestra que existen deficiencias en el proyecto, si bien esperará a que haya conclusiones «definitivas» sobre las causas de los seísmos.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, admitió ayer que los expertos creen que hay muchas probabilidades de que haya una relación directa entre las inyecciones de gas en el almacenamiento Castor y los movimientos sísmicos de la zona. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria explicó que los expertos consideran que, aunque a día de hoy «no es probable que se produzcan movimientos sísmicos relevantes, el Gobierno está preparado para actuar ante cualquier tipo de situación», asegurando que no habrá más inyecciones de gas hasta que los técnicos garanticen que se trata de una instalación segura.

Paralelamente, el Gobierno ha encargado una auditoría externa para verificar que el coste de inversión en el almacén coincide con el declarado por la empresa gestora. Lo que parece claro es que la autorización para la instalación «siguió todos los pasos» y «se otorgó correctamente», aunque Soria añadió que, «a la luz de lo ocurrido, la declaración medioambiental debería haber recogido consideraciones sobre cuestiones sísmicas».

Por su parte, el presidente de Escal UGS, empresa que gestiona el almacén, Recaredo del Potro, defiende que la magnitud de los seísmos no guarda relación con la inyección de gas en el almacén subterráneo. Del Potro asegura que la situación actual de la planta es de «total normalidad» y resalta que se dejó «de inyectar y extraer gas» el pasado 16 de septiembre.

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