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Griñán y Álvarez no hicieron nada para frenar los falsos ERE

Marta Fernández Currás

La Intervención depende de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás

Los peritos sostienen que «se prescindió absolutamente del procedimiento administrativo para otorgar las ayudas y elegir las empresas beneficiarias»

La Intervención General del Estado, el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal y gestor de la contabilidad pública, ha elaborado un informe en el que afirma que los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009, la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y la diputada Carmen Martínez Aguayo, «no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades en la concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales para empresas en crisis».

En un informe entregado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE falsos –la Audiencia de Sevilla ha pedido que fundamente más el auto de imputación de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, los peritos de la Intervención del Estado señalan que la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) era «inadecuada e improcedente». Los peritos advierten a la juez de que no consta que en ese periodo los consejeros dieran cuenta al Gobierno andaluz de los informes de la Intervención General de la Junta que había detectado irregularidades en las ayudas.

También señalan que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, imputado en el caso de los ERE falsos, tendría que haber emitido el informe de actuación que hubiera paralizado el pago de las ayudas, ya que las actuaciones del IFA podían «ocasionar menoscabo de fondos públicos«.

Los peritos sostienen que «se prescindió absolutamente del procedimiento administrativo para otorgar las ayudas y elegir las empresas beneficiarias. La concesión de subvenciones con cargo a la partida de transferencias permitió eludir el procedimiento legal establecido para su otorgamiento e impidió su previa fiscalización», según el informe.

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